La Fiscalía Anticorrupción atribuye al conseller de Comercio, Industria y Energía en la pasada legislatura del PP, Josep Juan Cardona, así como al resto de principales imputados del conocido como caso Scala, de provocar durante cuatro años -de 2003 a 2007- la "actividad frenética" del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) con el objetivo de desviar unos siete millones de euros, todo ello mediante un "saqueo sistemático de las arcas públicas" y aprovechando la falta "total y absoluta" de controles administrativos y financieros.

Así lo pone de manifiesto en el escrito de 175 páginas que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, para solicitar la transformación de estas diligencias en procedimiento abreviado como paso previo a la apertura de juicio oral. En él, el Ministerio Público imputa los delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, prevaricación, fraude a la administración pública y falsedad documental a diez de los 18 encausados contra los que pide que continúen las investigaciones.

En el caso de Cardona, la acusación pública achaca a Cardona la posición de "líder o jefe director" de esta presunta trama de corrupción, mediante la que tanto el ex conseller como el entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" actuaciones dirigidas a "apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos", bajo el "lema de más facturación, más comisión" y utilizando "todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido".

Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach solicitan además que el PP, como responsable civil, resarza 10.585 euros de fondos públicos, mientras que piden que Cardona, Viane y el también imputado Antonio Munar amplíen su fianza de responsabilidad pecuniaria en 14.113 euros, a raíz del transporte de material electoral del PP desde Mallorca a Ibiza y que habría sido abonado con fondos del Consorcio.

Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona, asistido por el letrado José Zaforteza. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.

Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas. (

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