Anpe exige la aprobación definitiva en Baleares del decreto educativo de convivencia

El sindicato ANPE ha exigido la aprobación definitiva en Baleares del decreto educativo de convivencia autonómico puesto que los centros necesitan "adecuarse a la realidad" de las islas y no basar su funcionamiento en un Real Decreto que, además, data del año 1995.
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El sindicato ANPE ha exigido la aprobación definitiva en Baleares del decreto educativo de convivencia autonómico puesto que los centros necesitan "adecuarse a la realidad" de las islas y no basar su funcionamiento en un Real Decreto que, además, data del año 1995.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta del sindicato en Baleares, Aina Aguiló, ha considerado "absurdo" que los colegios e institutos de la comunidad deban basarse en un decreto de ese año, en lugar de hacerlo "en uno propio" del archipiélago.

Además, ha remarcado que, el hecho de hacerlo en ese decreto supone que tenga que haber "mucha burocracia", lo que "no facilita la convivencia de los centros" y, por otra parte, ocasiona que las medidas correctivas que se impongan "pierdan eficacia".

Por otra parte, el sindicato, a raíz de los datos del Informe Pisa, ha pedido aumentar en, al menos un 7 por ciento, el gasto público destinado a educación, así como apostar de manera decidida por la calidad de la enseñanza, porque "precisa de los mayores medios y recursos por ser la que está afrontando en primera línea los nuevos retos sociales".

En este sentido, en Baleares reclaman bajar las ratios y aumentar la contratación de profesorado. Asimismo, exigen evitar la "constante irrupción" del debate político en la escena educativa y que haya una actuación a nivel de Estado que "vertebre y cohesione" el sistema evitando las "enormes desigualdades" entre Comunidades Autónomas.

Anpe aboga también por realizar una reforma eficaz que parta del refuerzo a las materias instrumentales básicas en Primaria, diseñe una nueva estructura en Secundaria y Bachillerato, y potencie la educación de FP.

Finalmente, solicita una "toma de postura clara" de la administración a favor del profesorado, que derive en un aumento de la valoración social de su tarea y una renovación de la formación inicial y continuada y en el diseño de una carrera profesional en un nuevo marco jurídico que regule la situación de este colectivo.

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