El secretario general para la Atención a la Dependencia de la Junta de Andalucía, Julio Coca, ha considerado que es un "disparate" decir que la futura Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia surgida en el marco de la reordenación del sector público andaluz significará una privatización del sistema y de los servicios que desarrolla la Ley de la Dependencia, afirmando que la nueva entidad pública empresarial traerá "mayor agilidad y eficacia" a la prestación de los recursos del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia.

En una entrevista con Europa Press, Coca ha explicado que la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, que entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2011, "no privatizará la prestación de los servicios sociales de la Junta de Andalucía", algo que ha calificado de "barbaridad" y ha atribuido a "informaciones malintencionadas por parte de determinados intereses sindicales".

En lo que concierne al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, el secretario general ha aclarado que "la gestión de la Dependencia se llevará a cabo al igual que ahora por un organismo administrativo público, con gestión pública y por personal público", de manera que la idea es "cortar todo lo que hace la Secretaría General de Atención a la Dependencia, todo lo que hace la Fundación para la Atención e Incorporación Social (Fadais) y todo lo que hace la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) —ambas se extinguirán de manera simultánea a la creación de la agencia— y pegar en la futura Agencia seguir trabajando igual".

De este modo, ha asegurado que "todos los trabajadores que tienen contratos por obras y servicios, seguirán contratados por obras y servicios en la Agencia y los que sean interinos, seguirán siendo interinos o lo que decida el protocolo de integración, al igual que todos los que ejerzan potestades administrativas tienen que ser funcionarios", de modo que los trabajadores de Fadais y Fass "no se integrarán como funcionarios, sino empleados públicos".

El secretario general ha resaltado la "mayor agilidad y eficacia que traerá la agencia en la prestación de servicios sociales en el campo de la dependencia, la atención social a personas, familias, grupos o infancia, así como la atención a las drogodependencias y adicciones y la exclusión social", de manera que "cuando entre en funcionamiento la futura agencia pública empresarial, no habrá que esperar concursos de traslado o a que Función Pública dote un puesto que se quede vacante". "Se tratará de aplicar mecanismos de gestión privada, pero aplicados a lo público, lo que traerá mayor eficiencia", ha señalado.

Coca ha garantizado que sea como fuere la Junta de Andalucía "seguirá trabajando por avanzar en la agilidad del sistema", especialmente, en lo que concierne a los plazos de tramitación de los expedientes desde que se presenta una solicitud hasta que se comienza a prestar el servicio. Según ha apuntado, "hay provincias como Almería, Jaén, Córdoba y Huelva que se ajustan a los plazos y pueden tramitar los expedientes en torno a cuatro o seis meses", mientras que otras provincias como Sevilla o Málaga "tienen más dificultades" y pueden prolongarse hasta los diez meses.

Por otro lado, ha recordado que el próximo año 2011 el reparto de fondos desde el Estado a las CCAA se hará teniendo en cuenta que el 77 por ciento del presupuesto tiene que distribuirse en función de las personas realmente atendidas en cada comunidad y no atendiendo en su mayoría al peso poblacional, como se hacía hasta el pasado año, cuando se consiguió, tras una iniciativa impulsada por Andalucía, que el 50 por ciento de los fondos se repartiera siguiendo a este criterio, por lo que el respaldo económico que recibió la Junta aumentó en un 7,3 por ciento".

El secretario general ha indicado que Andalucía cuenta para 2011 con un presupuesto de casi 850 millones de euros para financiar los servicios previstos en el Sistema, lo que significa una inversión de 2,5 millones de euros al día, medio millón más respecto al pasado año.

También ha insistido en que la Junta de Andalucía mantiene su apuesta por los servicios frente a las prestaciones económicas, que en la comunidad andaluza representa un 45 por ciento de los ayudas, habiendo disminuido en más de cinco puntos en los últimos años y situándose cuatro puntos debajo de la media nacional, del 49 por ciento. No obstante, ha dicho que en Andalucía hay una "cultura mediterránea muy arraigada que hace que las familias rechacen la atención de los dependientes fuera de su domicilio".

"Estamos intentando que las familias reconozcan que a veces los dependientes resultan más beneficiados cuando se les atiende en residencias o centros de día, pero al final son los familiares los que deciden y tienen la última palabra frente a la recomendación del profesional, que se afana en una tarea pedagógica permanente pero sin hacer de esto una causa de guerra", ha señalado, recordando que la intención de la Junta es que el criterio del profesional prime sobre el de la familia, cuestión que plantean de manera permanente en el Consejo Territorial de la Dependencia, integrado por todas las CCAA y el Estado.

En este sentido, ha destacado que desde el inicio de la aplicación de la Ley de la Dependencia en 2007, ha crecido en un 68 por ciento el número de plazas en residencias y centros de día dentro del sistema público y ha afirmado que estas plazas "irán creciendo en función de las necesidades, pues en el momento que existe un derecho reconocido, hay que garantizar su atención". No obstante, ha señalado que "actualmente hay plazas vacantes tanto en residencias como en centros de día, pero lo que ocurre es que no todas están ubicadas exactamente en centros cercanos al domicilio del dependiente".