La portavoz de Salud del Grupo Popular y vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Ana María Corredera, cree que se invaden competencias del Ministerio de Sanidad con la propuesta de la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, para subastar mediante concurso público el suministro de fármacos a los laboratorios fabricantes que ofrezcan el precio más barato, una medida por la que, a juicio de la popular, "los ciudadanos, médicos o farmacéuticos son los perjudicados".

En rueda de prensa, Corredera ha señalado que la propuesta de Montero "no es un sistema justo de selección de los medicamentos", por lo que el PP-A duda de la legalidad de la medida que "invade competencias y crea diferencias con otras comunidades". Ante ello, los populares piden abrir una vía de diálogo con el sector.

En este sentido, la formación popular ha reclamado la comparecencia de la consejera para que explique dicha "polémica propuesta conocida sólo a través de los medios de comunicación", además de "las preocupantes presiones que se ejercen sobre el sector farmacéutico para hacer esta propuesta que puede perjudicar al sector".

Para la portavoz de Salud del Grupo Popular, el planteamiento del Gobierno andaluz "supone crear un precio andaluz para los medicamentos, el que decida la Junta, que se atribuye la capacidad de establecer un precio diferente al máximo autorizado y fijado por el Ministerio de Sanidad, que es el que tiene las competencias".

Esto supone, a su juicio, "un ataque al derecho de los ciudadanos a obtener medicamentos en igualad", al tiempo que afectará también a la labor de prescripción de los médicos porque, tal y como ha recordado, "según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el médico receta el medicamento adecuado para las necesidades de los pacientes y no el más barato y que decida la Consejería".

Respecto a los farmacéuticos y distribuidores, Corredera ha pronosticado que los que "no estén en el concurso de la Junta se verán expulsados del mercado y perjudicados", porque, ha puntualizado, "el 80 por ciento del gasto farmacéutico público es a través de las recetas que se emiten en los centros de salud que dirige la Consejería".

No obstante, según la popular, "es cierto que la propuesta puede conllevar un gran ahorro en gasto, pero también tendría consecuencias negativas", porque, en palabras de Corredera, "el sistema nacional de salud vería quebrada su equidad si se trabajase con distintos precios de medicamentos".

"promesas incumplidas"

En otro orden de cosas, la portavoz de Salud del Grupo Popular ha criticado que "sólo hayan abierto sus puertas" nueve de los 25 centros hospitalarios de alta resolución especialidades (Chare) comprometidos por el Gobierno regional "desde hace diez años". Además, de los restantes sólo cuatro están previsto que finalicen antes de acabar la presente legislatura.

Con ello, el Ejecutivo andaluz después de doce años habrá "incumplido una gran promesa necesaria para acercar la sanidad a los municipios más pequeños y zonas de Andalucía que tienen un hospital más lejos de los 30 minutos que establece la ratio de la Junta", ha lamentado.

De igual modo, ha reprochado que de los cinco grandes hospitales que se habían comprometido, como son el de Ronda (Málaga), la capital malagueña, La Línea de la Concepción (Cádiz), la capital gaditana y Jaén, "sólo dos se han iniciado este año —el de Ronda y La Línea— después de siete años de reducciones". Además, "no hay esperanzas de que se acometan los tres restantes que en muchos casos no está resuelto ni siquiera en qué parte se van a ubicar o de donde va a salir el dinero para su construcción".

Por otra parte, Corredera ha deplorado "los recortes brutales" de la Consejería de Salud de la Junta de cara a 2011, de modo que, según ha recordado, en verano se presentó el plan de reequilibrio financiero de la Junta que "hablaba de posibles recortes por 274 millones de euros, entre ello 90 millones en inversiones o 184 millones en la racionalización del gasto sanitario".

Sin embargo, los presupuestos andaluces para el próximo año, a su juicio, "han ido mucho más allá", puesto que, según Corredera, las inversiones se reducen un 46,9 por ciento, unos 186 millones de euros menos; el gasto farmacéutico se reduce en 125 millones; el programa de atención sanitaria se reduce 258 millones, o el gasto en personal sanitario, unos 190 millones de euros. Y esto "repercute directamente en la atención a los pacientes", ha apostillado.