La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) ha presentado este viernes una querella criminal en el juzgado de instrucción de guardia de Gijón contra el cierre "fraudulento" de Naval Gijón. La querella es casi idéntica a la denuncia entregada en la Fiscalía Superior de Asturias, aunque se introduce una sentencia en la que queda claro que Pymar era el responsable último del astillero y la firma de un acuerdo que condicionó que el ERE fuera aceptado por algunos trabajadores.

Así lo ha anunciado el abogado de CSI, Fernando Merodio, quien ha explicado en rueda de prensa en Casa Sindical, que la querella se presenta contra la Dirección de Pymar y de Naval Gijón, así como contra tres empresas "interpuestas" de la primera, Astilleros Asturianos, Dike Global y Hecikom 7.

Asimismo, se les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores, otro societario, otro de falsedad documental y un último de malversación impropia, relacionado éste con la gestión de fondos públicos, aunque no fuera por parte de funcionarios o autoridades públicas.

Merodio, acompañado de los representantes de la CSI Cándido González Carnero y Balbino Cano, ha señalado que la denuncia que ellos presentaron en la Fiscalía fue trasladada a la fiscal jefe de Gijón, que es quien tiene la competencia. No obstante, como no tiene los medios suficientes para darle al asunto "la celeridad suficiente", CSI ha interpuesto esta querella, que está pendiente de que le asignen que juzgado de instrucción va a llevar el caso. Éste deberá admitirla a trámite si ve indicios de delito.

En este sentido, CSI ha solicitado al juzgado para la tramitación de este asunto la declaración de los directivos de las cinco empresas denunciadas, así como los documentos que recogen la vinculación entre todas ellas y el expediente completo del ERE. También se solicita a la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, que aporte la certificación sobre la calificación de los terrenos en los últimos diez años y cuál es la que figura en el documento de revisión del Plan General de Ordenacion (PGO), que está en tramitación.

Sobre esto último, ha señalado que no se incluyó, en esta primera fase, la alegación de Pymar hecha al PGO gijonés en la que se pedía que una parte de los terrenos de Naval Gijón se destinaran a viviendas. Según él, "no es delito, pero al final puede ser el por qué", ha dicho con alusión a que el cierre del astillero se pudo deber a posibles motivos especulativos.

El letrado ha destacado especialmente los dos documentos que se agregan a la querella. En cuanto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, del pasado 25 de octubre, se recalca que las relaciones de Pymar sobre Naval Gijón no es de apoyo, sino "de auténtica dominación y control efectivo".

"La situación creada excedió de los límites de la colaboración entre empresas, supuso la pérdida total de autonomía de

Naval gijon y convirtió a PYMAR en la real interlocutora y protagonista en la toma de decisiones relevantes para la continuación de la actividad del astillero, circunstancias todas ellas reveladoras de una posición abusiva", dice el fallo judicial.

Respecto al acuerdo de 29 de mayo de 2009, se trata de una firma realizada entre UGT, CCOO , Principado, Pymar y Ayuntamiento de Gijón, en la que se habla de la recolocación de los excedentes del astillero tras el cierre. En él, Principado y Ayuntamiento se comprometen a ayudar a la recolocación mediante oferta de empleo en empresas con puestos de trabajo similares a los que tenían. Se hace referencia concretamente a la posible recolocación en Juliana.

Por su lado, Cándido se ha comprometido a mover el asunto hasta que se aclaren las verdaderas razones del cierre de Naval Gijón y ha adelantado que, tras descubrir el documento del acuerdo en el que figura el tema de los excedentes, la CSI está estudiando acciones legales por vulneracíón de derechos sindicales al habérseles excluido de este acuerdo. CSI ya tiene ganadas otras sentencias por este mismo delito.

En la querella presentada se insta a investigar también a Navegaçao, con domicilio social en Madeira -conocido paraíso fiscal dice la CSI_- y creadas por Naval Gijón con "un ridículo" capital social de 5.000 euros. Entre otras cosas, se habla de que se habrían encargado al astillero gijonés construir un barco por 49 millones de euros cada empresa interpuesta y luego se le cedió a la noruega Knutsen mediante "leasing". Para el sindicato, esto pudo hacerse para beneficiarse la naviera noruega de beneficios fiscales que sólo se hacen entre países de la UE.