El Gobierno valenciano ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para que la inversión estatal en la Comunitat, excluido el fondo de Compensación interterritorial, se equipare al peso de su población sobre el conjunto de la población estatal por un periodo de siete años.

Así lo ha dado a conocer el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, y en la que ha señalado que la redacción es similar a la cláusula que en ese sentido incluye el Estatuto andaluz, ya que, según ha aseverado, determinadas disposiciones incluidas en ese texto y en el catalán "están sirviendo como excusa formal al Gobierno de España para privilegiar a unas comunidades respecto de otras en materia de inversión".

"Los valencianos no vamos a ser menos", ha remarcado, y ha aseverado que el Consell no podía permanecer de "brazos cruzados" ante esta situación de "discriminación" hacia la Comunitat. Ha avanzado que convocará a los grupos parlamentarios para presentarles el texto a la "mayor brevedad" con el objetivo de conseguir el "máximo consenso posible" en esta modificación y ha apuntado que no descarta la celebración de un pleno extraordinario en enero "o cuando corresponda" para aprobarla. (((

Habrá ampliación)))

Con esta modificación no se hace más que reivindicar para los valencianos lo que el Tribunal Constitucional ha considerado legítimo para otras comunidades autónomas.

Reforma del Estatuto de autonomía de 2006

La reforma del Estatuto de autonomía de 2006 comportó un salto cualitativo a nivel competencial siempre desde el respeto al Estado y sin poner en peligro el modelo autonómico basado en la igualdad y la solidaridad interterritorial. Así, el Estatuto aboga por un sistema de relaciones con el Estado en el que todas las comunidades reciban el mismo trato y la misma consideración.

A la reforma del Estatuto de autonomía valenciano le siguieron otras seis reformas estatutarias (Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León e Islas Baleares) que no estuvieron presididas por los mismos principios.

Precisamente, en cuanto al volumen de inversiones del Estado en cada territorio las diferencias entre estatutos de autonomía son especialmente significativas puesto que incluyen disposiciones adicionales para garantizar un volumen permanente y estable de inversiones en sus territorios. En el estatuto catalán, la inversión del Estado en infraestructuras se equiparará a la participación relativa del PIB de esa comunidad con relación al PIB del estado por un periodo de siete años. Sin embargo, en el texto de Andalucía, la inversión estatal será equivalente al peso de la población de esa comunidad sobre el conjunto del Estado, también para un periodo de siete años.

Por tanto, a tenor de la sentencia del TC sobre el estatuto de Cataluña y de la interpretación que desde el Gobierno se hace de la misma, el Gobierno valenciano no puede ni va a permanecer impasible ante la discriminación que eso supone para la Comunitat y las consecuencias económicos que supone en no reconocimiento de la población que alcanza ya los cincho millones de habitantes y por tanto un volumen de inversiones acorde a esa población y que en el caso de la Comunitat supondría una inversión para 2011 de casi 500 millones de euros y que, para los próximos 7 años, se traduciría en 3.500 millones de euros.