El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha considerado "abusiva" la deuda que mantiene el Govern con la institución insular, que es de unos 85 millones de euros -22 de políticas sociales y 63 de obras públicas-, a lo que el conseller de Hacienda, Obras Públicas e Innovación, Antoni Alemany, ha respondido asegurando que la situación económica está "saneada".

Durante una interpelación, Alemany ha remarcado que, pese a que es cierto que existe esta deuda, el Consell no ha dejado de invertir por este motivo y, además, ha remarcado que la situación de la institución "no es para pasar pena". "Es cierto que nos lo debe y nos lo pagará", ha indicado el conseller, quien ha subrayado que "lo importante" es que el Ejecutivo autonómico reconozca esta deuda.

Después de que Rubio considerase "responsable" de esta situación al presidente del Govern, Francesc Antich, y a la dirigente del Consell, Francina Armengol, Alemany ha asegurado que se pagará la cantidad que se debe a la institución y que reclamarán esta cifra ante el Ejecutivo autonómico.

"Nadie deja de cobrar algo que le debe el Consell porque el Govern o el Ayuntamiento de Calvià nos deba", ha afirmado. No obstante, Rubio ha lamentado esta situación y ha entendido que es "normal" que el Consell tenga que endeudarse porque Antich "no nos da lo nuestro".

Asimismo, Alemany ha hecho hincapié en que el nivel de ejecución presupuestario es "bueno".

Por otra parte, también sobre la economía de su departamento ha sido preguntado el conseller insular de Bienestar Social, Jaume Garau. En este sentido, el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha indicado que en 2009 había una cantidad de 3,8 millones de euros para otorgar a entidades y asociaciones que prestan servicios sociales, en concepto de subvención. De esta cifra únicamente no se pagó el 5 por ciento y, de este porcentaje, más de la mitad no se desembolsó porque estaban sin justificar.

Sobre la cantidad de 2010, ha remarcado que todo lo que se ha solicitado como adelanto se ha pagado, si bien ha reconocido que algunas entidades tienen "dificultades para cobrar" pero porque las justificaciones que se realizan no se hacen de acuerdo a la ley.