La Consejería andaluza de Salud ha anunciado este miércoles que ha procedido a estudiar la situación de las personas que se encuentran actualmente en la Bolsa Única de Empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de otras instituciones del sistema sanitario público andaluz (SSPA), en respuesta a la presunta estafa descubierta por la Guardia Civil de emisión de diplomas y certificados de formación continuada, entre ellos de tipo sanitario, por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (Sitca).

En una nota, el departamento que dirige María Jesús Montero ha informado, asimismo, que abordará con los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad las posibles iniciativas que se puedan tomar de manera preventiva, "en tanto no haya un auto judicial que dirima qué ocurre con esos títulos", que, al parecer, podrían no tener validez legal.

Junto a ello, ha anunciado que va a abrir un expediente informativo que podría terminar con la revocación de la acreditación que se ha concedido a algunas de las actividades ofertadas por este sindicato, en el caso de que se demostrara que las condiciones por las que accedieron a estas acreditaciones no son reales. Este procedimiento, podría conllevar también una sanción a la empresa encargada de la actividad de formación.

Salud ha manifestado su voluntad de que "caiga todo el peso de la Ley" sobre aquellas personas "que han podido abusar de la confianza de quienes realizan cursos de formación como vía para adquirir méritos con vistas a obtener un trabajo o con el objetivo de actualizar conocimientos en el desempeño de sus funciones".

De hecho, el departamento del ramo ha recordado que para un sistema como el de salud, "donde la actualización y formación permanente de los profesionales es una obligación, además de un elemento de calidad y excelencia que redunda en la atención que recibe la ciudadanía", la posible existencia de este tipo de prácticas presuntamente fraudulentas "supone un enorme impacto, puesto que no contribuye a la motivación de los profesionales que tienen que hacer de su formación su día a día".

Por todo ello, ha enfatizado que la Administración andaluza es la principal interesada en que se dirima esta situación y se comprueben los extremos de los posibles delitos en los que haya podido incurrir este colectivo de personas.

Así, han anunciado también que pondrán a disposición de las autoridades judiciales toda la información con la que cuentan, con vistas a dilucidar esta situación y comprobar el presunto fraude, "que podría afectar a un importante número de personas".