El Sector de Enseñanza de CSI-F Cantabria ha denunciado que los servicios sanitarios de MUFACE "corren grave peligro" dado que la continuidad de la Mutualidad en Cantabria y en España está "amenazada" si no hay un "cambio de rumbo" en la financiación por parte del Gobierno central. Por ello, el sindicato ha recogido 708 firmas en la región en defensa de Muface y un total de 105.466 en toda España.

En la actualidad el gasto medio de las entidades aseguradoras que mantienen convenio con MUFACE —en Cantabria la que utilizan la mayoría de los funcionarios es el Igualatorio Médico— acarrea unas pérdidas de dos euros por prima, al gastar 102,34 euros por usuario.

En este sentido, CSI-F ha advertido que el Igualatorio puede plantearse el no renovar su convenio con MUFACE, lo que acarrearía "una problemática de muy difícil solución" para la sanidad en Cantabria.

Según CSI-F, la voluntad del Gobierno de no querer permitir el ingreso en MUFACE de los nuevos funcionarios conlleva que una mutualidad que resulta más barata (589 euros por afiliado al año) que la Seguridad Social "pase a una estación de viaje sin retorno, donde no se admiten nuevos pasajeros, y donde las prestaciones van a ser cada vez menores por asfixia económica, lo que está llevando que muchas entidades aseguradoras no renueven sus convenios sanitarios con la Mutualidad".

Con semejante "desajuste presupuestario", para CSI-F, las consecuencias pueden ser "nefastas" porque el pase de dos millones y medio de ciudadanos al Régimen General de Seguridad Social "puede conllevar el riesgo de quiebra" del Sistema Nacional de Salud, dado que el coste económico para el Gobierno es "mucho más elevado", alrededor de 1.472 millones de euros más, advierte.

Ante semejante riesgo, el sindicato solicita "un cambio de rumbo inmediato" que incluye incrementar las aportaciones públicas a las mutualidades hasta reducir el diferencial con el gasto público en el Sistema Nacional de Salud al 20- 25%; hacer efectivo el acuerdo de los consejos generales de las mutualidades de reducir la aportación farmacéutica de los jubilados del 30 al 15%; y constituir un órgano mixto para evaluar necesidades, nuevos tratamientos, nuevos fármacos, nueva tecnología, etcétera.