El Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Consejería de Sanidad de Castilla y León han firmado un acuerdo que permitirá coordinar las actuaciones que ambas entidades llevan a cabo en la atención de los trabajadores afectados por su exposición al amianto en la Comunidad.

En el caso de Castilla y León, el número de personas que han tenido o tienen relación con esta sustancia nociva se eleva a 1.534 —956 activos y 608 pasivos—, de las que 997 están en Valladolid, según se recoge en el Registro de Personas con exposición laboral al amianto, que puede llegar a provocar diferentes patologías graves relacionadas con el pulmón, órgano "diana" de las partículas de esta sustancia.

El director general de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación, José Javier Castrodeza, destacó la importancia de este convenio que supone que, al margen de la competencia en materia de vigilancia que tiene la Junta , se puedan establecer acciones conjuntas para evaluar con criterios facultativos "homogéneos" la pérdida, menoscabo o disminución funcional y la etiología de esa enfermedad profesional derivada de la manipulación o exposición al amianto.

Acordar estos criterios homogéneos, explicó Castrodeza en declaraciones a Europa Press, permite que la valoración de la incapacidad no presente divergencias o criterios que puedan perjudicar la calificación o pueda suponer un retraso del grado de incapacidad y reconocimiento de una enfermedad profesional.

Entre las ventajas que supondrá el convenio, apuntó el director general, están la colaboración entre ambas administraciones, algo importante en una patología que tiene que pasar un reconocimiento de contingencia profesional que determinan finalmente los tribunales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de forma que se evitarán posibles discrepancias, lo que redundará en beneficio del afectado.

En cuanto a los citados criterios homogéneos para el estudio de la patología, Castrodeza explicó que de esta forma se asegura que una enfermedad concreta derivada de la exposición al amianto no sea interpretable según el grupo profesional que lo evalúe.

Asimismo, se propiciará un intercambio de información entre administraciones que permitirá agilizar trámites administrativos y se facilitará al trabajador con estas patologías una agilidad en su reconocimiento.

José Javier Castrodeza indicó que se hace un seguimiento de los trabajadores expuestos al amianto, en lo que trabajan las unidades de salud laboral, y se lleva a cabo una búsqueda activa de posibles afectados, motivo por el que recomendó que las personas que trabajen con este material o tengan relación con él acudan a consulta.

En este sentido, explicó que el registro existente facilita el acceso a las unidades de aparato respiratorio donde se hacen pruebas estandarizadas a estos pacientes. Así, a los que se les detecta una enfermedad tienen un seguimiento, una medida que suma a otras como las estrategias o guías diseñadas en el Consejo Regional de Salud Laboral en relación con el amianto.

Precisamente el registro establecido en Castilla y León cuenta con 1.534 personas inscritas, de las que 956 son trabajadores activos (con exposición laboral actual al amianto o que no lo están pero trabajan en la misma empresa en la que tuvieron la exposición) y 608 pasivos (jubilados que estuvieron expuestos, trabajadores desempleados que también tuvieron relación con amianto o los que aunque lo hayan estado han cambiado de empresa).

Por provincias, Valladolid es la que aglutina a mayor número de personas inscritas, con 997, seguida de Burgos con 160 y León con 123. El resto de provincias se sitúan por debajo del centenar, concretamente Salamanca cuenta con 87, seguida de Palencia con 65, Zamora con 38, Ávila con 35, Soria con 15 y Segovia con 14.