El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, ve "muy complicado" garantizar el patrimonio de los afectados por las sentencias de derribo en urbanizaciones costeras antes de que se produzca la demolición porque esta es una competencia estatal.

El pasado mes de julio, el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad de los grupos políticos una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno regional a que articulara, antes de fin de año, medidas para garantizar el patrimonio de los propietarios, pero antes de que se ejecutara el derribo de sus viviendas.

A preguntas de los periodistas, el titular de Ordenación del Territorio ha admitido que es un tema "complejo", "muy difícil de sacar adelante" y "muy complicado", ya que, según sostiene, las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial son una competencia estatal. Y al respecto, ha recordado el contexto de recortes económicos estatales.

Y por otra parte, Mazón no cree que sea una "aberración" que se "salvaran" las 90 viviendas con sentencia de derribo en La Llama, Argoños, preguntado por la posibilidad de un cambio en la delimitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.