Las defensas de los tres acusados condenados por el caso Llucmajor, el ex alcalde del municipio mallorquín, Lluc Tomàs, el ex presidente de Agrupación Social Independiente (ASI) y ex concejal Joaquín Rabasco, y la ex secretaria de la formación, María del Amor Aldao, tienen previsto recurrir en casación la nueva sentencia emitida por la Audiencia Provincial, al considerar que no han sido subsanadas las "graves deficiencias" que apreció el Tribunal Supremo (TS) en la sentencia inicial dictada y que fue por ello anulada.

Así lo han avanzado, en declaraciones a Europa Press, los abogados de los tres inculpados, quienes han mostrado su disconformidad con la nueva resolución, que impone seis años de prisión a Rabasco por los delitos de malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes, tres años a Tomàs por la primera de estas infracciones penales y otros tres a Aldao por los mismos delitos que recaen sobre el ex regidor.

De este modo, el letrado Jaime Campaner, encargado junto a Eduardo Valdivia de la defensa de Aldao, ha aseverado que "sin duda" la sentencia va a ser recurrida ya que "vuelve a incurrir en vicio de nulidad desde el momento en que se remite a la anterior sentencia", cuyo contenido da por reproducido y a pesar de que fue anulada por el Tribunal Supremo. "La nueva sentencia se asienta sobre la nada", ha recalcado tajante.

Mientras tanto, el abogado del ex primer edil, Rafael Perera, ha aseverado que ya está preparando el recurso de casación contra la resolución del tribunal de la sección segunda de la Audiencia, presidido por Joan Catany, al denunciar que el fallo "no está ajustado ni a hecho ni a derecho" en lo que se refiere a los hechos probados -que Tomàs auspició el desvío de más de un millón de euros a sociedades creadas por Rabasco y Aldao- y a la fundamentación jurídica.

Finalmente, el asistente legal de Rabasco, José Ignacio Herrero, ha recalcado que ya está decidida la interposición de su recurso ante el Tribunal Supremo ya que "no se han solventando las deficiencias" a las que hizo referencia la sala de lo penal del Alto Tribunal, que "verificaba" las "variadas patologías" que los recurrentes denunciaban en la sentencia inicial así como la existencia de "una grave incongruencia" entre el relato fáctivo y la motivación que lo sostenía.

El TS consideraba que en la primera sentencia de la Audiencia abundaban "expresiones acreditativas del convencimiento del tribunal en lo que se dice, pero omitiendo los anclajes y soportes fácticos que sustentan las conclusiones condenatorias". "Puede decirse que sobran afirmaciones y faltan acreditaciones que las sostengan", llegó a apostillar el Alto Tribunal, que devolvió la resolución al tribunal de origen para su corrección.