La Asociación de Afectados por el Macropolígono Canal de Castilla, ubicado entre las localidades vallisoletanas de Cigales, Corcos y Cabezón, afirmó este miércoles que la Junta de Castilla y León "puede y debe" pagar las tierras a los propietarios iniciales de fincas expropiadas, algo que avalaron por un informe jurídico encargado a un despacho de abogados con el que aseguran que además trabaja habitualmente la Administración autonómica.

Así lo expresaron en rueda de prensa el presidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, y la portazo de la Asociación, Ana Calzada, quien puso de manifiesto el conflicto que se vive en estas localidades, donde discuten entre primos o amigos.

Lino Rodríguez incidió que la legislatura se agota y considera que el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, no puede traspasar el problema a otro consejero y debe afrontarlo antes de que se acabe su mandato. Actualmente hay cerca de un 40 por ciento de agricultores a los que se les han expropiado las tierras en las que se construye en Macropolígono y que no han percibido los 11 millones de euros que se les deben.

Así, explicó que se ha encargado un informe a un despacho de abogados para responder a las interpretaciones que la Junta planteaba y en las que decía que no podía ser expropiador y a la vez pagador. Sin embargo, Rodríguez indicó que hace unos años ya se solicitó un informe a la Universidad de Valladolid en el que se reflejaba que si las tierras que iba a incorporar a su patrimonio la Junta iban a ser industriales, debía pagar como tal.

Ahora, además, el nuevo informe jurídico que ya se ha hecho llegar a la Junta de Castilla y León indica que la Junta "puede y debe" comprar las tierras para incorporarlas a su patrimonio y no tiene por qué involucrar a Caja Segovia —entidad que ha pagado parte de los terrenos a los agricultores—, a la Diputación de Valladolid o a las empresas de la Comunidad, sistema que se utilizó a cambio de un espacio en el nuevo polígono pero que no ha resultado ante la situación de algunas de las entidades que no han podido hacer frente a todos los pagos.

Lino Rodríguez, quien aclaró que se habla de "patrimonio" de familias comprado en los años 70 a intereses del 18 por ciento en muchos casos y no para especular, afirmó que el informe jurídico hace referencia a dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (de 2008 y 2010) en las que los afectados por la ejecución de un polígono industrial idéntico en Miranda de Ebro (Burgos) en las que se determinó que había que pagar el terreno como suelo urbanizable industrial, que es el que al final pasaría a ser patrimonio de la Junta.

Así, el presidente de Asaja considera que es la Junta la que debe afrontar el problema y construir el polígono pero también pagar con todas las garantías a los agricultores.

Silencio "violento"

Lino Rodríguez aseguró que el informe jurídico se encuentra desde hace un mes en poder de la Junta pero hay un silencio que resulta "violento" y añadió que la contestación "no puede ser eterna". A este respecto, advirtió de que este silencio puede provocar actitudes "violentas" y una situación "peligrosa" de la que la Administración sería responsable.

Por su parte, Ana Calzada explicó que nunca ha hablado en primera persona, pero en esta ocasión quería hacerlo porque ella había creído desde el principio tanto a Villanueva como a los demás responsables de Gesturcal, Ade Parques, o al presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, quienes decían que se iba a llegar a una solución.

Sin embargo, no se negó a la "lucha" hasta que todo el mundo cobrara, ahora ve que lo que se ha generado es un conflicto social en el que discuten amigos y primos y ahora sigue creyendo que la Junta no ha intentado engañar pero que las cosas se han ido "torciendo".

Calzada considera que ahora la Junta sí puede solucionarlo y si no lo hace "es porque no quiere" y entonces la gente que decía que se les trataba de engañar tendrán razón. A este respecto, añadió que ahora que se demuestra que puede, "la pregunta" es si la Junta quiere buscar una solución.

La portavoz de la Asociación aseguró que la Junta se ha ahorrado mucho dinero en la ejecución del macropolígono, hasta 30 millones, y sin embargo sigue habiendo tierras que no se han pagado y un conflicto social después de seis años en los que considera que se ha financiado "gratis" a la Administración autonómica.

Como ejemplo de la situación que se vive en estas localidades, Ana Calzada afirmó que se dan situaciones paradójicas como el hecho de que un vecino que había cobrado fuera este verano a arreglar el tejado de su vivienda y llegara al lugar una grúa de la empresa Blape, que es la que debe el pago de las tierras al vecino de al lado.

Calzada insistió en que es hora de que la Junta responda en un ejercicio político que es "de responsabilidad" y cuestionó a qué personas van a mandar en las listas electorales a estos pueblos y si van a ser "sordos, ciegos" respecto a los problemas de los vecinos.