El alcalde de Abarán, Antonio Eugenio Gómez, ha adelantado que desde los servicios jurídicos del Consistorio "recurrirá la sentencia judicial que le responsabiliza de acoso laboral a un funcionario municipal, pelando a su resolución definitiva en segunda instancia".

En este sentido, fuentes municipales han dejado claro que la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia, con fecha de 18 de noviembre, "no es firme", por lo que, han advertido, "cabe la posibilidad de apelación a la misma".

En concreto, en dicha sentencia se acusa al alcalde de Abarán y al concejal de Personal, José Gómez, de ser "responsables y promotores de una situación de grave acoso laboral" a un funcionario del Ayuntamiento durante casi tres años y medio.

La sentencia, según fuentes de UGT, recoge que el Consistorio ha incurrido en una vulneración de los derechos a la dignidad y propia imagen del trabajador al que se debe reponer, en su ubicación y funciones, en la Oficina Técnica Municipal.

Los hechos se fundamentan en que, siguiendo las instrucciones del alcalde y del concejal de Personal, "se apartó al funcionario de su puesto de trabajo en la Oficina Técnica Municipal como técnico de Gestión, trasladándole a otro edificio separado de sus compañeros".

De este modo, según las fuentes, "no se le atribuyó tarea alguna (salvo cuatro informes) durante los tres años y medio que duró el vaciamiento de funciones, se le confiscó y se registró su ordenador de trabajo clandestinamente entrando dentro de su intimidad, y se le abrió un expediente disciplinario para expulsarlo del Ayuntamiento, en base al supuesto contenido del PC, sin más motivo que el no ser grato a los intereses de los acosadores".

En opinión del secretario general de la Unión Comarcal de la Vega del Segura de UGT, Teodoro Canovas, "el desencadenante de la situación de acoso y maltrato fueron las denuncias que el funcionario realizó ante el propio Ayuntamiento y Fiscalía en el año 2007 sobre presuntas irregularidades en el cobro de retribuciones supuestamente cometidas por personas protegidas y amparadas por la actual Corporación, que actualmente están siendo objeto de investigación en los juzgados de Cieza".