Hasta 20 centímetros de altura puede alcanzar un badén en algunas vías de la región. Esta medida duplica el límite permitido por la ley aprobada por el Ministerio de Fomento en el año 2008, donde se establecía un máximo de 10 centímetros para estos reductores de velocidad. Para que los ayuntamientos pudieran adaptarlos, la Administración dio un plazo de dos años; plazo que se cumplió el pasado 31 de octubre.

Sin embargo, casi ningún Consistorio ha llevado a cabo las reformas. "Para adecuarlos a la normativa nacional hay que invertir dinero, y en un momento como éste no interesa a nadie, a ningún alcalde o responsable de seguridad vial", explica Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

La AEA ha realizado una estimación donde se cifra entre el 50% y el 70% el número de badenes que infringen la norma. "No hay un inventario de la cantidad de reductores de velocidad que existen o de las vías en las que se encuentran. Este déficit de información complica nuestra labor y la de las propias administraciones, que muchas veces no saben ni quién debe hacerse cargo de una carretera", asegura Arnaldo.

Pero el problema reside no sólo en su altura. El principal riesgo, especialmente para los motoristas, es su color. "Los Ayuntamientos han utilizado prácticamente todos los tonos del arco iris para pintarlos. Podemos encontrarlos azules, verdes, rojos…, cuando deben ser todos negros y blancos", cuenta el presidente de AEA. "Muchas veces la pintura que utilizan ni siquiera es antideslizante, lo que provoca que las motos no tengan suficiente agarre y se produzcan accidentes", continúa.

Además, las reparaciones por este tipo de daños no son nada económicas. "Cambiar los amortiguadores, que son las partes del vehículo más afectadas por estos badenes tan agresivos, puede oscilar entre los 600 y 700 euros dependiendo de la marca del coche o moto", asegura Francisco Ruiz, de la Asociación de Talleres de Madrid (Asetra).

Son los municipios de la región donde más abundan los badenes irregulares, así como las zonas residenciales que rodean el centro de la capital, como Carabanchel o Vallecas. "Las zonas críticas son principalmente los barrios de nueva construcción, como los PAU o los ensanches. Encontrarlos por el centro de la ciudad es menos frecuente", describe Arnaldo.

"Cada vez nos llegan más quejas debido a este tipo de obstáculos. En los últimos meses estamos recibiendo una media de 15 reclamaciones diarias", continúa.

"Si nuestro vehículo sufre daños por culpa de uno de estos badenes no adaptados, podemos reclamar la reparación al titular de la vía, es decir, al ayuntamiento correspondiente", explican desde la aseguradora Sadyr. A esta norma, desconocida por la gran mayoría de los usuarios, se puede acoger cualquier conductor hasta un plazo máximo de un año tras el incidente.

Además, si se produjera un accidente debido a uno de estos reductores, podría llegar a imputarse al consistorio un delito contra la seguridad vial recogido en el Código Penal. "Del mismo modo que los conductores son sancionados por cometer infracciones de tráfico, los organismos públicos son responsables de la adaptación de estos badenes", aseguran.