La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe, que investiga el 'caso Marchelo' sobre corrupción urbanística en Alhendín (Granada), ha pedido al Seprona de la Guardia Civil nuevos informes sobre la gasolinera que se construyó supuestamente en terrenos del ex alcalde José Guerrero, uno de los 15 imputados en la causa, y sobre la macrourbanización Novosur, cuyas licencias fueron paralizadas por la invasión de las servidumbres aéreas de la Base Militar de Armilla.

Concretamente, la juez, Gema Quintanilla Navarro, pide al Seprona que compruebe si la gasolinera ocupa terreno de dominio público —un vial cedido por Fomento al Ayuntamiento de Alhendín y el camino conocido como Camino Dúrcal o de Frontillín— y solicita que se le tome declaración en calidad de imputada a Sara T.S., representante legal de la concesionaria de la licencia de obra, según consta en el auto al que tuvo acceso Europa Press.

Asimismo, en cuanto a lo que respecta a Novosur, insta a los agentes a que aporten una "breve información" sobre los cambios normativos realizados por la corporación municipal desde la redacción de las Normas Subsidiarias que dieron lugar al Plan General y Plan Parcial discutidos en el proceso judicial y que se presenten datos sobre la posible ocupación de los edificios de la urbanización o parte de ellos de terrenos que por no haber sido "desafectados expresamente" pudieran ser de dominio público.

Para ello, la juez señala que el Seprona deberá tener en cuenta informes previos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir e informar en consecuencia sobre el discurrir del Arroyo de Marañón y/o Barranco de la Calera por el sector urbanístico y, entre otras cuestiones, si la urbanización investigada se asienta sobre ellos. Igualmente, también pide datos sobre la ocupación de Novosur de la servidumbre aeronáutica.

La juez responde así al requerimiento hecho por la Fiscalía de Granada para que admitiera nuevas diligencias y reformar el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado mes de octubre de 2009, que ya situaba a los imputados a un paso de ser juzgados. La instructora ha accedido a todas las peticiones del Ministerio Público, que se adhirió a su vez al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Alhendín, personado como acusación particular como parte perjudicada, considerando que los informes solicitados son "imprescindibles" para la tipificación de los hechos presuntamente constitutivos de delito contra la ordenación del territorio.

El auto inicial de procedimiento abreviado

En el auto inicial, que podría ser ahora ampliado, el entonces instructor, el juez Miguel Ángel Gómez Torres, imputó a un total de 15 personas: al ex alcalde del municipio, José Guerrero (PP) y a los ediles 'populares' Manuel Fernández —que en el momento de los hechos era concejal de Urbanismo—, Salvador Nogueras, María José Garrido, y el arquitecto municipal, así como a los empresarios Fernando Rafael R.A. —promotor de la urbanización Novosur— Juan Leocadio y Fernando M.T; Alejandro A.R.; Fernando M.N.; Luis, Rafael Francisco y Mariano A.P.; Manuel M.R. y Rafael T.P.

El juez vio relevancia penal en cinco asuntos: el parque empresarial Marchalhendín, la urbanización Novosur, la vulneración de la servidumbre aérea de la Base Militar de Armilla, la tramitación de la gasolinera en terrenos del ex alcalde y el parque municipal-mercadillo del municipio.

En cuanto al primero, el instructor consideró que existen indicios fundados para entender que, desde septiembre de 2003, al tiempo de la constitución de la sociedad mercantil Parque Empresarial Alhendín S.L., existió el compromiso de los socios fundadores de la sociedad y del concejal de Urbanismo de que éste recibiera en el futuro una participación en la sociedad del 1,5 por ciento "a modo de comisión por su intermediación en la operación".

Con respecto a Novosur, vio también "indicios racionales suficientes" para poder afirmar que el ex edil de Urbanismo pudo haber recibido "en su propio provecho" una dádiva del promotor de la urbanización Novosur, Fernando Rafael R.A., consistente en una vivienda en Armilla (Granada) valorada en 340.000 euros y que era propiedad de una sociedad que administraba el promotor. Éste fue el domicilio en el que se detuvo al ex concejal de en marzo de 2007.

Sobre las servidumbres aéreas señalaba que el exceso de altura en los bloques de la promotora Frai carecían de "trascendencia penal", si bien decidía continuar adelante en virtud de una sentencia de la Audiencia Provincial en la que no se descartaba esa relevancia.

De la gasolinera estimaba que el ex alcalde se valió de su condición política para lograr que se recalificaran unos terrenos de su propiedad que había vendido por 60.000 euros más una cantidad que estaba condicionada "a la concesión de la correspondiente licencia de apertura para una estación de servicio" y en el caso del parque municipal el juez observó que se quebrantó el principio de libre concurrencia y de igualdad en el concurso público para adjudicárselo a la empresa Tarje.