La juez ha ordenado la apertura de un nuevo juicio oral por presunta prevaricación contra el alcalde de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón, el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, ambos del PA, y seis ediles, parte de la anterior corporación municipal, para quienes el fiscal pide ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación para empleo y cargo público por validar la construcción de cinco viviendas unifamiliares sobre suelo no urbanizable.

El auto, al que tuvo acceso Europa Press, ordena, asimismo, enjuiciar al administrador de la promotora Almería Estates Procosona SL, Pedro Soto Carrillo, y el constructor Francisco Martínez Alpachar al considerar que ambos incurrieron en un delito contra la ordenación del territorio al proyectar los inmuebles, que fueron vendidas aún sin terminar a cinco parejas de nacionalidad británica.

El Ministerio Público interesa para Soto y Martínez penas de un año de prisión, multa de 15 meses a razón de 12 euros al día e inhabilitación especial para profesión relacionada con la construcción durante 12 meses. Solicita, asimismo, que se proceda a demoler las viviendas levantadas de manera ilegal y que el coste de esta actuación y de las indemnizaciones a los perjudicados corra a cargo de los dos.

La vista oral derivada de esta causa, que se celebrará en el Juzgado de lo Penal aunque está pendiente de señalamiento, es la tercera que se abre por presunta prevaricación contra el regidor zurgenero, el concejal de urbanismo y otros tres ediles del PA, Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos —quien en 2007 concurrió a los comicios en la lista del PP— y por los entonces concejales del PSOE, Juan Morales y José Antonio Ramos, y del PP, José Juan Sánchez.

Según se recoge en el escrito de acusación, Pedro Soto y Francisco Martínez promovieron cinco viviendas unifamiliares en el paraje conocido como Los Llanos del Peral sobre suelo urbanizable. Lo hicieron, ahonda, "teniendo conocimiento" de esta calificación del suelo y de su condición de "no autorizable" y con una licencia municipal concedida por el pleno de la corporación zurgenera el 18 de febrero de 2006.

Señala, en esta línea, que Cándido Trabalón, Manuel Tijeras, Miguel Marín, Emilia Jiménez, Juan Morales, Aniceto López, José Juan Sánchez y José Antonio Ramos "votaron favorablemente" a la concesión de los citados permisos que autorizaban los inmuebles "a sabiendas de su injusticia ya que todos ellos eran conocedores de que, conforme a la legislación vigente, estaban proyectados sobre suelo no urbanizable".

Tres enjuiciamientos

Los concejales acusados en este procedimiento enfrentan otras dos penas de siete años de inhabilitación, y de entre seis y ocho meses de prisión, en otras dos causas abiertas por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción de dos promociones de viviendas irregulares en los parajes de El Cucador y el Barranco de Los Pinos. Por este último caso está previsto que se sienten en el banquillo el próximo mes de marzo ante el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de la capital almeriense.

Todos están, asimismo, imputados junto a otras 17 personas en la denominada operación 'Costurero', que se saldó en abril de 2008 con la detención del primer edil, el concejal de Urbanismo, dos promotores inmobiliarios y dos arquitectos. A los dos cargos públicos, el juez instructor les atribuye la presunta comisión de delitos de prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, delitos a los que, en el caso del edil de Urbanismo, se suma el de actividad prohibida a los funcionarios públicos.

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