Una representación de miembros de la Asociación de Maltratados por la administración (AMA), integrada por afectados por sentencias de derribo en Cantabria, se ha manifestado este jueves, como es habitual, ante la sede del Gobierno regional, bajo el lema 'Tienen secuestrado nuestro patrimonio'.

Los representantes de AMA han registrado sendas peticiones de entrevistas con el presidente cántabro, Miguel Revilla, y el consejero de Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla, en la para tratar la situación de las víctimas de sentencias de derribo, ante su "preocupación" por "la falta de medidas conocidas para solucionar este grave problema".

En un comunicado, los afectados dicen estar "hartos de incumplimientos, de mentiras, de que se nos diga una cosa en privado y otra en público, de que todos digan que esto es una injusticia que hay que resolver, pero que nadie ponga las medidas para ello".

A su juicio, dos décadas con esta situación "es una vergüenza" para las instituciones públicas; que "un Gobierno y unos ayuntamientos estén condenados por daños morales a nuestras familias, en cualquier parte es suficiente para acabar con ese sufrimiento, pero aquí no aquí", donde se sigue "engañando a las víctimas", dice.

Según la asociación, Revilla y su Gobierno, y las cooperaciones municipales condenadas, tienen "una deuda" con los afectados, por lo que les ha pedido que "cumplan" con las resoluciones del Parlamento de Cantabria y "acaben con esta situación ya".

Por otra parte, se refiere a la asociación ecologista Arca y manifiesta que si ésta quiere "cualquier tipo de relación" con ellos "saben que nos tienen abiertos al dialogo" y así se lo han hecho saber en "reiteradas" ocasiones, dice. AMA también se muestra convencida de que ambas tendrán "puntos de encuentro" si lo que pide Arca es la dimisión de "responsables" de está situación o de los que están "entorpeciendo" la solución a este grave problema.

No obstante, lamenta que se "intenten manipular" situaciones "tan claras" como la de Pueblo del Mar, que a su juicio si no está legalizada "sólo es por la desidia del Ayuntamiento". Por ello, critica que en Arca "no sean capaces de tener ningún dialogo con nosotros y que vayan a Bruselas a pedir el derribo de nuestras viviendas". "No tienen el valor de hablar con los afectados que están aquí a su lado, sabiendo a ciencia cierta que son los que más están padeciendo esta situación", con "graves daños" físicos y psíquicos.

Reitera que su "prioridad" es salvar el patrimonio de las victimas de las sentencias de derribo, y que en el tema de regularizaciones o legalizaciones corresponde a la justicia valorar si se cumple la legalidad vigente o hay que derribar más de más 500 viviendas construidas "con todos los permisos y en terreno urbano".

Añade que corresponde a las instituciones "condenadas" por la justicia la presentación e información a los tribunales de los procedimientos que están siguiendo para subsanar sus "graves infracciones". "Nosotros hemos pedido reiteradamente y públicamente que cualquier actuación que se realice tenga luz y taquígrafos, que estén informados todos los ciudadanos empezando por los propios demandantes", precisa la asociación.

AMA señala por último que están "profundamente cansados y hartos" de "los incumplimientos, engaños y ataques por todas partes", entre las que cita al Gobierno, ayuntamientos, Justicia y Arca, y sólo piden "terminar de una vez con esta situación", dando una "justa solución" a nuestra Comunidad y a "cientos" de familias.