El presidente nacional de Enseñanza del sindicato CSI-F, Eliseo Moreno, ha lamentado que los "recortes" por la crisis económica están repercutiendo en la calidad de la enseñanza en Cantabria y ha reclamado a la Consejería de Educación que "cambie el rumbo" actual, entre otras cosas, en lo que respecta a la oferta de empleo público (OEP) para 2011 porque, a su juicio, "hay margen" para convocarla.

En rueda de prensa, acompañado del presidente de CSI-F Cantabria, José Miguel Zorrilla, y del responsable de Enseñanza en la región, Juan Carlos Corniero, Moreno ha advertido de que la educación atraviesa un momento "de cierto peligro" y ha repasado aquellos asuntos que les "preocupan" en el sindicato.

Una de esas cuestiones es la reducción del nivel de interinidad entre los profesores, que alcanza el 18 por ciento, cuando los acuerdos alcanzados con la administración educativa recogen el compromiso de reducirla al 8 por ciento.

Para ello, hace falta estabilizar plazas a través de las ofertas de empleo público, una posibilidad que, según Moreno, sigue abierta a pesar de las restricciones marcadas por el Estado en los presupuestos de 2011 para la reposición de personal funcionario.

El responsable nacional de Enseñanza del sindicato ha recalcado que el propio proyecto de ley presupuestario prevé excepciones y, por tanto, cree que "hay margen" para la convocatoria en Cantabria, como ya han anunciado que harán otras comunidades autónomas. En este sentido, Moreno ha pedido a la administración educativa cántabra que sea "responsable" y la OEP de 2011 sea "la que necesitan" los cuerpos docentes.

Otras de las consecuencias de los recortes económicos se están observando, tal como ha señalado Moreno, en la cobertura de las sustituciones, que no se hace "con la agilidad debida"; así como en lo que respecta a los cupos, lo que está provocando que no se puedan realizar algunos desdobles y el aumento de la ratio de alumnos por profesor. HABILITACIONES

Además, el representante sindical ha criticado también la situación en la que se encuentran algunos profesores, tras la derogación del decreto estatal en el que se regulaba el sistema de habilitaciones, en el que se desarrolla la especialización en el cuerpo de maestros.

El día 10 de diciembre hay una reunión en Madrid para negociar el nuevo decreto sobre las especialidades, pero mientras se cierra, CSI-F reclama una moratoria.

En el caso cántabro, Juan Carlos Corniero ha lamentado que la Consejería de Educación, pese a las advertencias de los servicios jurídicos sobre la falta de marco legal, llamara a los maestros a un proceso de habilitación cuando ya estaba derogado el decreto, con lo cual se han quedado 200 docentes fuera del proceso.

"agresiones" del gobierno a los funcionarios

Por otro lado, Eliseo Moreno también ha denunciado los recortes salariales que se aplicarán en 2011 en las pagas extras, que no estaban inicialmente previstos, con lo cual los docentes sufrirán una rebaja de entre 1.000 y 1.200 euros anuales en sus nóminas. Según sus cálculos, con estos nuevos ajustes un profesor de Secundaria puede cobrar un 13 por ciento menos que en mayo de 2010 (antes de que se aplicara el primer ajuste), y uno de Primaria un 9% menos.

Moreno ha matizado que los funcionarios no están en contra de "apretarse el cinturón", pero rechazan ser "los únicos" a los que se les "aprieta" y ver cómo empresas privadas que han recibido subvenciones estatales suben los salarios a sus trabajadores.

En su opinión, el Gobierno "ha tomado a los funcionarios como objeto de todas sus iras, sus frustraciones y su mala política económica" y "las agresiones" a este colectivo "no tienen medida".

La última de esas "agresiones" es, según dice, lo relativo a la asistencia sanitaria que se presta a los funcionarios a través de Muface, un modelo con el que el Gobierno "quiere acabar, por cuestiones puramente ideológicas", y lo está haciendo "ahogándole en la financiación".

En este sentido, Moreno y el presidente de CSI-F Cantabria, José Miguel Zorrilla, han comentado que mientras los recursos para la población atendida a través del sistema general el gasto anual es de 1.041 euros al año, en el caso de Muface es de 688 euros, un 36 por ciento menos.

El sindicato reclama que esa diferencia de financiación se reduzca entre un 20% y un 25 por ciento y ha advertido de que la desaparición de Muface supondría un "colapso absoluto" para la sanidad española, al tener que asumir toda la población que actualmente se acoge a este sistema.