El sindicado CCOO-A resalta la "importante novedad" que supone la providencia dictada por la Audiencia Nacional donde expresado sus "dudas" sobre la constitucionalidad del decreto ley de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, ya que "sería la primera norma de ámbito autonómico sobre la que se elevaría cuestión al Tribunal Constitucional".

En una nota, CCOO-A consideró que en este caso, ya que la Sala de lo Social "está planteando no sólo la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley de reducción del Déficit Público, sino también del decreto ley 2/2010 del Gobierno andaluz que recoge el recorte salarial a los empleados públicos andaluces".

El sindicato precisó que la Audiencia Nacional "ve indicios de inconstitucionalidad en el decreto ley 2/2010 tras un conflicto colectivo interpuesto por CCOO" y otros sindicatos sobre la RTVA.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha elevado una providencia por la que "se reafirma en la posible inconstitucionalidad del recorte salarial de los empleados públicos, recogido en el decreto 2/2010 de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz". En este caso se refiere al conflicto colectivo "interpuesto por el comité de empresa, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-A y otros sindicatos contra Canal Sur Televisión SA, Canal Sur Radio SA y RTVA".

La Audiencia Nacional reconoce así sus "dudas sobre la constitucionalidad de la nueva redacción" de diversos artículos para los "recortes presupuestarios" que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía quieren realizar sobre los entes públicos regionales, como recoge la disposición judicial publicada con fecha del 15 de noviembre de 2010. Entre ellos, según la propia Audiencia, "algunos podrían vulnerar el contenido esencial del derecho a la libertad sindical y afectar a la negociación colectiva".

CCOO destacó que ahora la Audiencia Nacional estudia la "pertinencia" de elevar dicha cuestión de constitucionalidad, puesto que de momento existe un plazo de 10 días para que la Sala de lo Social escuche las alegaciones a la disposición judicial que puedan hacer las partes y el Ministerio Fiscal.