La Junta de Castilla y León y la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval) rubricaron este martes un convenio de colaboración con el que se pretende trabajar conjuntamente para evaluar las políticas de la Administración autonómica y mejorar los servicios públicos que se dan a los ciudadanos.

La presidenta de Aeval, María Luisa Carcedo, y la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso Sánchez, suscribieron este convenio para la mejora de la calidad de los servicios públicos mediante su evaluación.

De esta forma, la Aeval, organismo adscrito al Ministerio de Política Territorial, y la Consejería trabajarán de forma conjunta en la asistencia metodológica, las actividades de divulgación y el intercambio de experiencias en el ámbito de la gestión de la calidad y de la evaluación de políticas públicas.

Esta línea de colaboración se enmarca en el desarrollo de la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas que promueve la excelencia y la innovación en la prestación de los servicios públicos.

Isabel Alonso enmarcó este acuerdo en el esfuerzo de la Junta en tratar de que el derecho a una "buena administración" sea una realidad y recordó que Castilla y León se sitúa en octavo lugar entre las comunidades autónomas en cuento a transparencia pero en el área de relaciones con los ciudadanos y la sociedad se encuentra a la cabeza.

Esto es posible, explicó la consejera, gracias a diferentes acciones puestas en marcha por el Gobierno autonómico como la Ley de Derechos de los Ciudadanos, el impulso de la administración electrónica, la elaboración de las cartas de servicio —ya hay 43 con los compromisos de la Junta y se prepara la del 012—, etcétera.

Así, el convenio es un paso más para mejorar el nivel de calidad con la que llegan los servicios públicos a los ciudadanos, para lo que se realizarán evaluaciones, al margen de los sellos de calidad con los que ya cuentan nueve colegios, un hospital y dos direcciones generales, además del certificado ISO que ostentan los albergues, las residencias juveniles y algunos centros de formación profesional.

El convenio contempla los ámbitos de la formación, el intercambio de experiencias o la asistencia a metodologías de evaluación de las políticas públicas.

Traducción en mejoras

Se trata, en definitiva, de intentar mejorar la calidad de los servicios que se prestan, ejemplo que Carcedo ilustró con las iniciativas tomadas en la Tesorería General de la Seguridad Social con el envío de la vida laboral o el proyecto de la Dirección General de Tráfico de poder tramitar directamente el carné de conducir desde el centro médico en el que se realice el reconocimiento.

Carcedo explicó que estos son ejemplos de mejora de la calidad y aclaró que detrás de estas iniciativas hay mucho trabajo y proporcionan una mayor "satisfacción y comodidad" para los ciudadanos.

A este respecto, la consejera de Administración Autonómica indicó que se trabaja en Castilla y León para que cuando los ciudadanos que se empadronen o modifiquen el lugar en el que lo están, todas las administraciones tengan conocimiento de ello y así no sea necesario realizar trámites o solicitar certificados cada vez que se realiza una gestión.

La presidenta de Aeval explicó que ya se han firmado convenios con cuatro comunidades y se espera hacer lo mismo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), todo ello con el fin de que el aprendizaje en materia de calidad redunde en instrumentos para mejorar la relación entre la administración y los ciudadanos, más aún en un momento en el que se aboga por la eficiencia en la gestión pública al tiempo que se mantiene la mayor austeridad posible.

Carcedo manifestó que son necesarias tres condiciones fundamentales para la aplicación de estos convenios, el primero de ellos el compromiso de incorporar la evaluación de políticas a toda la acción administrativa en su conjunto, pero también trabajar con la planificación estratégica, "instrumento imprescindible", y fomentar la participación del ciudadano, no sólo como destinatario final de los servicios sino también como protagonista.

La presidenta de Aeval aclaró que se trata de ver en qué medida se cumplen los objetivos que se persiguen con las diferentes políticas, los resultados que tienen en los ciudadanos y establecer una serie de conclusiones y recomendaciones para su mejora. Para ello, se intenta aportar la experiencia que la Agencia ha obtenido a lo largo de tres años en los que ha realizado 23 evaluaciones, cuestión que se implanta actualmente en España pero que tiene ya una tradición en Europa e incluso en Estados Unidos.

La evaluación de las intervenciones públicas es uno de los instrumentos clave dentro del principio de 'buen Gobierno', para promover la transparencia, eficiencia, participación y rendición de cuentas que las diversas administraciones deben desarrollar, con mayor esfuerzo y cooperación en los contextos sociales y económicos actuales.

Desde finales de 2009, la Agencia ha prestado una atención especial al establecimiento de convenios con comunidades autónomas, para articular un sistema público de evaluación de políticas y programas, que evite duplicidades de acción y genere sinergias, diseñándose desde la cooperación de los distintos niveles de gobierno.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Administración Autonómica, desarrolla diversas iniciativas para modernizar la administración y ofrecer unos servicios públicos más ágiles, accesibles y cercanos.

A ello ha contribuido el Plan de Modernización y la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración y de Gestión Pública. Esta Ley, entre otras materias, regula expresamente la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios ámbitos en los que la Junta lleva a cabo actuaciones como las Certificaciones ISO y EFQM, las Cartas de Servicios o los Premios a la Calidad y Modernización.