Andalucía y Galicia son las comunidades que lideran el primer índice de transparencia de las administraciones autonómicas realizado por la sección española de la ONG Transparency International, mientras que Cantabria ha quedado en último lugar, precedida de la Comunidad Valenciana.

Andalucía obtiene una puntuación total de 87,5 sobre 100 empatada con Galicia, mientras que Cantabria se queda en 53,8 puntos. Otras comunidades en la zona alta del índice son La Rioja (83,8 puntos), Cataluña (82,5), Extremadura (81,0) o Madrid (80). En la zona baja del ranking se unen a Cantabria, Valencia y Baleares, ambas con 56,3 puntos, y País Vasco con 57,5 puntos.

El estudio, el primero de este tipo sobre comunidades autónomas, presentado en Madrid por la Fundación Ortega-Marañón, ha evaluado con distintos indicadores cinco áreas de las administraciones autonómicas: Información sobre la comunidad, Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, Transparencia económico-financiera —donde ha habido mayores dificultades, según la ONG—, Transparencia en la contratación de servicios y suministros; y Transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas.

En el caso de Cantabria, la mejor puntuación (75 sobre 100) la obtiene por la Transparencia en las contrataciones de servicios y suministros, donde ocupa el sexto puesto entre las comunidades; y la peor, con 23,5 puntos, por la transparencia económico-financiera, aspecto en el que se sitúa en el lugar 16, sólo por delante del País Vasco.

En Relaciones con los ciudadanos y la sociedad logra 52,6 puntos, lo que la coloca en el último puesto del ránking de las 17 comunidades; mientras que en Transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas se queda en el 15, al obtener 61,5 puntos; y en Información sobre la comunidad autónoma en el puesto 12, con 65,2 puntos.

Según ha indicado el catedrático y presidente de Transparency en España, Jesús Lizcano, Andalucía y Galicia obtienen la mayor puntuación, en gran parte, porque han desarrollado mecanismos internos —algunos con carácter normativo, como la Ley de Administración Local gallega— para poner en valor la transparencia informativa de sus administraciones. Asimismo, ha atribuido los peores resultados a "faltas de presión".

Lizcano ha explicado que el estudio ha utilizado unos 80 indicadores y se ha realizado de mayo hasta principios de noviembre. El índice se basa principalmente en la cantidad, calidad de la información, así como su acceso, que las administraciones publican en sus páginas web, por lo que han tenido un papel determinante en la evaluación las administraciones electrónicas.

Esfuerzo por ser transparentes

El presidente de Transparency ha indicado que ha sido en el área de transparencia económica y financiera donde la ONG ha tenido mayores dificultades de colaboración por parte de la administración, si bien ha valorado el "esfuerzo" de todas las comunidades para proporcionar datos al estudio.

De hecho, ha destacado que ninguna Comunidad es "poco transparente", aunque tampoco ninguna ha obtenido la calificación de "muy transparente". De las 17, diez están en la posición "bastante transparente" y las otras siete en "transparente".

Por otro lado, el abogado y presidente de la Fundación Ortega-Marañón, Antonio Garrigues, ha puntualizado que la no colaboración de alguna comunidad en algunos aspectos se ha debido a la falta de instrumentos, y ha advertido que en posteriores índices se verá una mejora global, como ha sucedido con los ayuntamientos.

En este sentido, Lizcano ha señalado que el estudio tiene como objetivo la evaluación de la transparencia informativa y darla a conocer, pero también propiciar el aumento de la información en las propias Comunidades a las que se evalúan.

Por su parte, el catedrático Manuel Villoria ha apuntado que el estudio tiene una preocupación por contribuir a la "eficiencia y eficacia" de la administración, ya que, a su juicio, la administración sigue siendo burocrática en muchos aspectos, como en el área de financiación donde se han obtenido los datos menos transparentes.

Villoria también ha subrayado el éxito de los resultados obtenidos sobre proyectos urbanísticos, junto a otros miembros del Consejo de Dirección de la ONG, como Jesús Sánchez Lambás, que ha destacado la buena puntuación del conjunto en el ámbito de la relación con los ciudadanos.

Transparencia para poner dificultades a la corrupción

Lizcano, preguntado también por una presunta relación entre los malos datos de Baleares y Valencia con los casos de corrupción de los últimos meses, han recordado que el estudio es un "índice de transparencia y no de corrupción". "Medimos sólo el nivel de información y los resultados son según los indicadores que hemos utilizado", ha añadido para explicar que los datos podían haber sido diferentes.

En este sentido, los demás ponentes han coincido que el índice de transparencia, si bien no combate directamente la corrupción, pone un "foco" sobre la administración pública, "haciendo más difícil la corrupción", según ha indicado Antonio Garrigues. Por su parte, Sánchez Lambás ha apuntado que el estudio crea "sistemas de vigilancia" y pone una "lupa" sobre la administración para contribuir a su mejora.

Transparency International ya ha realizado varios índices de transparencia en administraciones de España, como es el caso de los ayuntamientos, y según ha avanzado Antonio Garrigues, la ONG tiene la intención se practicar estudios similares a partidos políticos o equipos de fútbol.