La Audiencia de Valladolid celebrará entre los días 7 y 11 de marzo de 2011 el juicio por el caso de presunta estafa que se imputa Ángel Altés Bustelo y su hija Ana María Altés Villar, administrador único y gerente de la Escuela Superior de Ciencias y Técnicas de la Empresa, S.A. (Escte), respectivamente, quienes, supuestamente, aseguraron a sus alumnos que tras cursar una carrera de cuatro años obtendrían el título de 'Bachelor in Bussiness Administration', reconocido por la Universidad de Gales, cuando en realidad no había convenio alguno entre ambas instituciones académicas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El juicio tenía que haberse celebrado el día 3 de noviembre de 2008, si bien entonces hubo de suspenderse después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid acordara anular todo lo instruido por ella en los últimos dos años, al haberse presentado en la causa, el 17 de enero de aquel año, otros cinco alumnos supuestamente perjudicados y cuya denuncia fue acumulada a la presentada en su día por una quincena de estudiantes también afectados.

Así, para evitar la indefensión de alguna de las partes, la juez resolvió declarar nulas todas las diligencias practicadas en los últimos dos años, a excepción del auto de imputación contra Altés y su hija, de fecha 11 de diciembre de 2006, de forma que todas las diligencias tuvieron que retrotraerse al momento en que se cometió la presunta infracción, lo que obligó a practicar nuevamente todos los interrogatorios.

La Fiscalía de Valladolid, en su escrito de calificación provisional, considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita para cada uno de los encausados una pena de cinco años de cárcel, multas de 6.120 euros y el pago de indemnizaciones por valor global de 214.780 euros, además de otras cantidades que habrán de acreditarse en ejecución de sentencia.

En la causa también se encuentran personadas tres acusaciones particulares, una de ellas en representación de una docena de alumnos, otra como representante legal de tres estudiantes y una tercera que asiste a otros cinco perjudicados.

En el primero de los casos, el abogado Álvaro Gimeno Vela, que lleva a la mayoría de los damnificados, solicita para Ángel Altés seis años de cárcel y dos años para su hija, además de indemnizaciones por importe de 536.000 euros, dado el grave perjuicio creado a los denunciantes por el tiempo perdido de formación en años tan decisivos para la misma.

Los acusadores aplican como agravante el hecho de que la defraudación se ha cometido sobre un bien de reconocida utilidad social (la educación), así como en orden a los múltiples perjudicados.

Los hechos fueron denunciados el 19 de diciembre de 2005 por alumnos de la Escuela Superior de Ciencias y Técnicas de la Empresa, S.A (Escte), de la que padre e hija eran administrador único y gerente de la misma, respectivamente.

Los acusadores sostienen que ambos, en fecha no determinada pero anterior al curso 2002-2003 y aprovechando que dicho centro impartía algunos cursos (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Relaciones Públicas) con titulación de la Universidad de Gales a través del oportuno convenio, publicitaron y ofrecieron una cuarta, la Licenciatura Europea de Gestión y Administración de Empresas, con la promesa de que al finalizar los cuatro años de carrera los alumnos obtendrían el título de 'Bachelor in Bussiness Administration' por la Universidad de Gales, entidad sumamente prestigiosa en toda Europa, "a sabiendas de que dicho título no estaba homologado" por esta última.

Pese a ello, padre e hija anunciaron la carrera descrita en diversos medios de comunicación, en la página web de la Escte, en las guías docentes y carpetas que se entregaban a los alumnos, en la matrícula y hoja informativa que firmaban los alumnos y en los carnés entregados, en los cuales figuraban los escudos de la escuela y de la Universidad de Gales.

Incluso los acusados llegaron a asegurar a los alumnos que cada uno de los exámenes que realizaban eran enviados a la Universidad galesa para que, desde allí, dicha Institución académica pudiera corroborar que el modelo seguido por la Escte se ajustaba al que allí se impartía.

Ante ello, desde el año 2002 hasta el curso académico 2004-2005 se mantuvo "dicha ficción" y numerosos alumnos se matricularon en la Escte por la única y exclusiva razón de obtener el título prometido, desembolsando diversas cantidades de dinero en concepto de matrícula y tasas académicas que los acusados incorporaron directamente a su patrimonio.

En opinión de los acusadores, los afectados perdieron años de su vida académica, puesto que al finalizar sus estudios, en algunos casos tras cuatro años, no tenían título alguno que pudieran hacer valer, por lo que se vieron obligados a inscribirse en otra entidad. Algunos vieron cómo los procesados les devolvían todo lo desembolsado, otros parte y algunos nada de lo entregado.