El tráfico del centro divide a vecinos y comerciantes

La Plataforma Vecinal Axerquía Norte interrumpió el pleno municipal para exigir la peatonalización del casco histórico y el uso de microbuses.
«Somos más vecinos que comerciantes, aunque pensamos que incluso para los comercios es positiva la peatonalización del casco histórico porque nadie puede ver escaparates desde un coche», argumenta Enrique Carmona, portavoz de los vecinos de la Axerquía Norte, que interrumpieron ayer el pleno municipal exhibiendo pancartas en las que podía leerse «No al aparcamiento de la calle Sevilla» y silbando por medio de unos pitos que, dicho sea de paso, sonaban fatal.El eje San Lorenzo-Tendillas seguirá en marcha, explicó la alcaldesa Rosa Aguilar, quien emplazó a una próxima reunión a los vecinos implicados y a los comerciantes. A esta negociación, para la que todavía no hay fecha, acudirá también un responsable de la empresa municipal de autobuses, Aucorsa, y las tres concejalías implicadas: Comercio, Infraestructura y Tráfico.

Los vecinos quieren que se sustituyan los autobuses por microbuses y exigieron que se empiece la segunda fase de las obras del eje San Lorenzo-Tendillas. «Cuando se hacen reformas en una casa, lo normal es hacerlo todo seguido», explicó Enrique Carmona.

Precisamente ayer, el equipo de Gobierno anunció un retraso de entre ocho meses y un año en el nuevo tramo de estas obras para no provocar más perjuicios económicos a los comerciantes.

Corte de tráfico

No obstante, la Asociación Empresarial de Comerciantes del Casco Histórico Centro anunció ayer que se movilizarán e incluso cortarán el tráfico en la zona el próximo 7 de febrero, fecha en la que se reabrirá la citada vía.

«Es muy difícil que llueva a gusto de todos, pero dialogaremos hasta conseguirlo», zanjó Rosa Aguilar.

Comisión por unanimidad

Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Córdoba deben formar una comisión de investigación para analizar algunas medidas políticas tomadas en cuestiones urbanísticas: concretamente, si se ha actuado correctamente al legalizar las naves de Arenal 2000, en la antigua Colecor. La comisión investigadora tiene un plazo máximo de dos meses para trabajar. La alcaldesa solicitará la dimisión del socialista Antonio Hurtado si esta comisión concluye que se actuó legalmente.

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