El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, han cerrado acuerdos en todos los asuntos de calado político pendientes en la región, en concreto el impulso definitivo del Estatuto de Autonomía en Las Cortes, las leyes de educación y cajas, y las políticas de empleo.

Tras casi dos horas y media de una reunión que había generado altas expectativas, el presidente regional y el líder de la oposición han comparecido en rueda de prensa conjunta para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en todos los ámbitos planteados, que han atribuido al "esfuerzo" realizado por ambos para aproximar posturas.

Respecto al Estatuto de Autonomía, cuya tramitación se encontraba estancada en Las Cortes, Vara y Monago han decidido elevar a los grupos parlamentarios una propuesta para modificar la disposición adicional segunda, que se había convertido en el principal escollo.

La propuesta consistirá en que la inversión anual complementaria equivalente al 1 por ciento del PIB de la región se liquidará en principio tan sólo durante siete años, periodo de referencia que aparece en otros estatutos, como el catalán, para la ejecución de inversiones de carácter adicional o extraordinario.

Después de ese plazo de siete años la comisión mixta correspondiente valorará el "nivel de convergencia" alcanzado por la región respecto al resto de comunidades, de modo que si no llega a la media se establecerían "instrumentos nuevos" tendentes a que se alcance el objetivo marcado en la misma disposición.

Al respecto, cabe recordar que según la redacción original de la disposición la inversión complementaria se ejecutaría año tras año e indefinidamente hasta que el PIB por habitante extremeño se equiparase a la media nacional.

Vara y Monago han explicado que desde el Gobierno se llegó a plantear hace unos meses que las inversiones complementarias sólo se ejecutasen si la economía nacional registraba un crecimiento del PIB de al menos el 2 por ciento, opción ésta que en su momento fue rechazada por ambos.

Posteriormente se planteó la limitación de su liquidación a un periodo de cinco años que finalmente ha pasado a siete, periodo de consenso que es equivalente al de los estatutos catalán y andaluz para sus respectivas inversiones extras. Se incluye la citada "posibilidad de revisión" si Extremadura, una vez pasado ese tiempo, sigue sin converger con la media española.

Cajas y crédito

Respecto a la ley de cajas, el pacto alcanzado entre Vara y Monago abarca el periodo de vigencia de los consejeros, que se mantiene en cuatro años por mandato y un máximo de dos mandatos, así como otros aspectos, como por ejemplo la necesaria autorización de la Comunidad Autónoma para operaciones de SIP, integración y conversión en fundaciones, o la adjudicación a la Asamblea del nombramiento de los integrantes del nuevo grupo que representará el 5 por ciento de consejos y asambleas generales de las cajas.

Así mismo han determinado que al menos la mitad de los integrantes de los grupos cuenten con un "reconocido prestigio" en los ámbitos financiero, empresarial o económico.

Respecto a las políticas de empleo, ambos dirigentes han mostrado su contrariedad ante las restricciones que las entidades financieras que operan en la región han impuesto a las empresas a la hora de concederles créditos, a pesar de los acuerdos promovidos con agentes sociales y comprometidos con los bancos y cajas desde 2008 para que la liquidez siguiera llegando al tejido empresarial en medio de la crisis.

Sobre este particular, Fernández Vara ha avanzado que se convocará a las entidades con las que se cerraron dichos acuerdos "para ver cómo ha evolucionado el crédito que se comprometieron a dar". "Y que evidentemente está por debajo de lo que habían prometido", ha apostillado el presidente de la Junta.

Vara también ha abogado por desarrollar un "análisis conjunto" con la oposición en materia de políticas de empleo para modificar aspectos sustanciales de las mismas, entre los cuales abogó por una reorientación de las bonificaciones para que dejen de tener "carácter indiscriminado" y se centren en los colectivos juvenil y de mayores de 45 años. EDUCACIÓN

Sobre la Ley de Educación, el presidente autonómico y el líder de la oposición han alcanzado un acuerdo que concibe dicha norma como una "suma de voluntades", tal y como ha explicado Fernández Vara, quien ha señalado que se ha intentado que se una ley que dé "estabilidad" al sistema educativo "sin olvidar" que será además el desarrollo de una ley básica estatal.

En este sentido, existe en un "compromiso" de que la norma educativa extremeña "no se cambie" si para ello no se cuenta con el apoyo de dos tercios del parlamento, ya que se pretende que esta ley "sobreviva" en el tiempo y pueda servir para los "próximos 25 años".

En concreto, se ha acordado que la educación de 0 a 3 años dependa de la Consejería de Educación —en la actualidad depende de la de Igualdad y Empleo—; y el compromiso de presentar un plan de infraestructuras, con posterioridad a la presentación de la ley, del que se definirá el plazo, las dotaciones y la memoria económica correspondiente.

Además, se reconoce la autoridad pública del profesor con los efectos que le reconoce el ordenamiento jurídico; a tal fin, los hechos constatados por el profesorado en el ejercicio de sus competencias disciplinarias gozarán de presunción de veracidad.

También se ha pactado que la región se someta a evaluaciones nacionales e internacionales y "se consagra" la libre elección de centros "en la medida de lo posible" y teniendo en cuenta la oferta educativa y el hecho de que la planificación compete a la Administración.

Así mismo se ha determinado que "nunca" se destinará a educación menos del 6 por ciento del PIB ni tampoco menos del 20 por ciento del presupuesto global de la región, lo cual supone "un doble blindaje económico", según palabras de Vara. En este apartado, Monago ha dicho que destinar el 6 por ciento del PIB supone "57 millones de euros más adicionales a lo que ahora mismo está programado en materia educativa".

El dirigente 'popular' ha subrayado además que hay reivindicaciones de la enseñanza concertada que "también tienen su satisfacción", y ha aludido también a otros elementos "importantes" como el objetivo de convergencia de la educación extremeña con los objetivos europeos para 2020; y la realización de un informe anual a cargo de un observatorio de la convivencia escolar.

Sobre el acuerdo educativo, ambos han decidido que el texto sobre el que la Junta había trabajado, que ya había pasado determinados trámites, se mandará al Parlamento para presentar una enmienda conjunta por parte de los dos grupos parlamentarios introduciendo aquello que este jueves se ha pactado. El objetivo es que la ley esté para febrero o marzo.