Diputados de todos los grupos de la oposición en las Corts Valencianes han presentado ante la Mesa de la Cámara un escrito de queja por las "reiteradas" llamadas al orden que, a su juicio, realiza la presidenta, Milagrosa Martínez, y le piden que las limite a los "supuestos contemplados en el Reglamento que realmente interfieran en el desarrollo de las sesiones".

Asimismo, instan a Milagrosa Martínez a dejar constancia del motivo por el que se llama al orden a un diputado y a motivar sus decisiones para garantizar el derecho de los parlamentarios afectados a ejercer su derecho fundamental a la defensa con todas las garantías.

Señalan que, según el artículo 103 del Reglamento de las Corts, los diputados y oradores serán llamados al orden cuando profieran palabras o expresen "conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las instituciones de la Generalitat o del Estado, o de cualquier otra persona o entidad".

También cuando en sus discursos "falten a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones", cuando con interrupciones o de cualquier otra forma alteren el orden de las sesiones y cuando pretendan hacer uso de la palabra después de que se le haya retirado.

El escrito de queja, firmado por diputados del PSPV, Compromís y No Adscritos, señala que en los últimos plenos celebrados en este periodo de sesiones "desde la presidencia se llama reiteradamente al orden a diputados y diputadas" y, de hecho, se ve "en la necesidad de llevar un listado de las mismas" y ha expulsando incluso a una diputada, sin que hayan incurrido en ninguna de las conductas que describe el Reglamento de la Cámara

Indican que se podría "sospechar que están motivadas por reacciones jocosas a un comentario vertido en la tribuna, a intercambiar breves palabras con un compañero de escaño, a realizar algún comentario sobre lo efectuado" o hacer "aspavientos", que son "habituales en cualquier foro parlamentario democrático desde la revolución francesa".

La oposición remarca que respecto a esta cuestión ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2005 en la que manifiesta la "necesidad de que las expresiones proferidas deben constar en el Diario de Sesiones a fin de que el parlamentario 'reprendido' pueda ejercitar su derecho de defensa, a través de los recursos correspondientes".

Asimismo, apuntan que con la actitud de la presidencia de las Corts se producen "mayores interrupciones de las deseables, con continuas reprensiones verbales que van más allá, hasta el extremo de que en cada sesión se producen hasta una veintena de llamadas al orden", lo que resta "viveza al debate parlamentario" y "frivoliza la trascendencia" de la 'llamada al orden'. También indican que esto no se lo "aplica la presidencia a sí misma, al jalear y aplaudir las intervenciones que le viene en gana".