El Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, ha acusado al Ejecutivo estatal de querer "recortar los derechos sociales de los empleados públicos de la Comunitat Valenciana" por su recurso contra un artículo de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública de la Generalitat valenciana.

Así lo ha señalado la Generalitat en un comunicado tras la admisión a trámite por parte del pleno del Tribunal Constitucional del recurso interpuesto por el Gobierno central contra un artículo de la Ley de Función Pública valenciana por considerar que vulneraba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, contravenía la competencia estatal en materia de Seguridad Social y suponía una ruptura de la regulación jurídica y del régimen económico del sistema de Seguridad Social.

Al respecto, las mismas fuentes han avanzado que el Gobierno valenciano presentará las correspondientes alegaciones.

Desde Generalitat han indicado que este tema fue debatido en la Mesa General de la Función Pública celebrada el pasado 20 de octubre, en la que estaban presentes representantes de los trabajadores, en una sesión en la que "la totalidad de la Mesa manifestó su oposición" a dicho recurso presentado por el Gobierno central.

En concreto, el Ejecutivo estatal interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 130, apartados 1.B) y 4 de la Ley 10/2010 de 9 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.

Según han explicado las mismas fuentes, la ley anterior en esta materia establecía el derecho de los funcionarios a un periodo de excedencia no retribuida de máximo tres años con motivo de la atención y cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo hasta el segundo grado, es decir padres e hijos.

Por su parte, la Ley de Función Pública valenciana amplía este derecho de los funcionarios de la Generalitat a los casos en los que la persona que necesite el cuidado y la atención sea el cónyuge o la pareja de hecho de los mismos.

Esta norma fue negociada y aprobada en la Mesa General de Negociación de la Generalitat con el apoyo de las organizaciones sindicales UGT-PV, CCOO-PV, CSI-CSIF y Cemsatse. Asimismo, resultó aprobada por las Corts Valencianes con una mayoría superior al 90 por ciento, con los votos favorables del Partido Popular y del PSPV.