El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un total de 44 enmiendas parciales a los proyectos de Ley de Presupuestos Generales de la Junta para 2011 y de Acompañamiento por un valor superior a los 8 millones de euros con el objetivo de luchar contra la crisis económica y promover la actividad productiva y apoyar a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.

En concreto y según ha detallado el portavoz del PP en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, de esas 44 enmiendas parciales 25 corresponden a los estados numéricos, dos al texto articulado del proyecto de Ley de Presupuestos y 17 al texto articulado del proyecto de Ley de Acompañamiento.

La mayor cuantía de las enmiendas parciales del PP son para el departamento de Agricultura y Ganadería, al que se destinan 4,7 millones de euros más para actuaciones directamente relacionadas con los agricultores y con los ganaderos donde se incluyen el apoyo a los planes de pensiones (2,4 millones), la financiación de proyectos de las explotaciones agrarias (2,1 millones) y actividades de las cámaras agrarias (0,2 millones).

El portavoz ha admitido a este respecto que ha hablado con las organizaciones profesionales agrarias que han presentado propuestas al proyecto de presupuestos y ha asegurado que se han mostrado satisfechas con las nuevas partidas que pretende introducir el PP vía enmiendas, si bien si de ellos hubiera dependido habrían engrosado más el presupuesto de Agricultura "como es lógico", ha admitido.

Otra de las enmiendas parciales del PP apuesta por ampliar hasta 2015 el plazo para el cumplimiento por parte del sector de la hostelería de la Ley del Ruido, que expiraba en principio en 2012. El objetivo, ha explicado Carlos Fernández Carriedo, es ayudar a este sector en estos momentos de crisis en los que va a tener que hacer frente ya a la adaptación de la Ley Antitabaco.

Además, se prevén 280.000 euros para financiar actuaciones en los centros de salud de Bembibre (León), y Cuéllar (Segovia), con 90.000 euros en cada caso, y Salas de los Infantes (Burgos), con 100.000 euros.

El Grupo Parlamentario Popular detrae otra partida del proyecto de presupuestos para incorporar 115.000 euros a la implantación de la administración electrónica , prevé 173.450 euros para actuaciones relacionadas con el cumplimiento del Diálogo Social y otros 683.740 euros para los patronatos provinciales de turismo, incluyendo las nueve provincias más El Bierzo, por considerar que este es el sector que mejor está soportando la crisis.

Otras de las enmiendas parciales del PP son para el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio (200.000 euros) y para aumentar la posibilidad de concertar operaciones de crédito por parte de la Agencia de Inversiones y Servicios y del Instituto Tecnológico Agrario. También se pretende regular un aspecto del periodo transitorio en el proceso de integración de las cajas para que en ese espacio de tiempo los miembros del Consejo de Administración puedan integrar la Comisión Ejecutiva y el resto de Comisiones Delegadas.

Por último, con estas enmiendas se pretende mejorar la regulación en materia tributaria, presupuestaria y administrativa para facilitar la compatibilidad de deducciones, la ejecución de obras domésticas de pequeña dimensión y la responsabilidad de los cotos de caza y se prevén diversas actuaciones a incluir en los programas de inversión de las empresas públicas como Provilsa, con un millón de euros para el Palacio de la Audiencia de Soria y 100.000 euros para el Palacio de Congresos de Segovia.

El Parque Empresarial de Abades recibirá una dotación de dos millones de euros a través de la sociedad ADE Parques.

Según ha precisado el portavoz del PP en las Cortes, el montante de las enmiendas parciales de los 'populares' sale del gasto corriente y de las partidas que menor impacto puedan tener sobre la filosofía del proyecto de Presupuestos "que se mantiene intacta".

Carlos Fernández Carriedo ha asegurado a este respecto que el PP es un partido "que sabe escuchar" por lo que se ha mostrado abierto a tener en cuenta las demandas razonables de los ciudadanos siempre que no perjudiquen el interés general.

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