Los apartamentos turísticos han dado mucho que hablar en Catalunya, sobre todo en Ciutat Vella de Barcelona, por los problemas para controlarlos y evitar que causaran problemas a los vecinos, que, con el decreto aprobado este martes por el Gobierno catalán y de acuerdo con el código civil, podrán restringir el uso turístico de un piso por mayoría calificada.

Los municipios que ya hayan puesto en marcha sus normativas, como Barcelona, tendrán un año para adaptarla a la de la Generalitat, que prevé hacer aflorar 480.000 pisos turísticos ilegales (sólo tiene contabilizados 23.000 regularizados). Los que no cumplan la norma se enfrentarán a sanciones de hasta 90.000 euros.

El decreto establece que los propietarios de los pisos deben pedir la autorización o licencia municipal. Se considera apartamento turístico todo aquel que se alquile para periodos menores de tres meses, deberán pagar una tasa municipal y la Agencia Tributaria podrá perseguir así el fraude fiscal con más eficacia.

Quedan fuera de esta nueva normativa los pisos agrupados en bloques y que compartan servicios, como el conserje, ya que se considerarán como hoteles. Para el conseller d’Innovació, Empresa i Universitats, Josep Huguet, el decreto es "un incentivo" en ingresos para los ayuntamientos, que harán las inspecciones.

El presidente de la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), Lluís Torrent, ha tildado la norma de "muy negativa" y dice que la recurrirán. Creen que debe haber un registro (ellos cifran en 800.000 los apartamentos) y no están de acuerdo con que los ayuntamientos controlen las licencias, porque muchos ya han avisado que no podrán hacerlo.

Tampoco ve bien que se considere como piso turístico una actividad de tres meses (al principio, se barajaba un año), porque nadie tiene tanto tiempo de vacaciones y se confunde con los pisos de estudiantes, ejecutivos y otros. Por su parte, el subdirector de Ordenació Turística, Joan Abad, ve necesario el decreto porque "la situación no era satisfactoria ni desde el punto de vista vecinal, ni municipal, ni fiscal".