“Los adolescentes no son conscientes, pero Internet siempre deja un rastro y, cuando se investiga, se llega al origen del delito y a su autor”. Salvador Canet es uno de los dos fiscales especializados en delitos tecnológicos de la Sección de Menores de Valencia. Su otro compañero, Felipe Bermejo, corrobora su tesis sin matices: “No existe el delito perfecto por la Red”.

La revolución digital de los últimos años ha obligado también a reinventarse a quienes persiguen y castigan conductas ilícitas. Más todavía en el caso de los menores, auténticos usuarios en muchas ocasiones de ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos cuyas prestaciones pueden ser utilizadas contra otras personas. “Lo más habitual es que la gente que acosa lo traslade a Internet: antes era por mensajería instantánea”, explican, pero ahora los insultos, las palizas y las humillaciones se graban y distribuyen por las redes sociales como Tuenti o Facebook.

Esto hace que los efectos “se perpetúen, porque Internet multiplica el impacto sobre la víctima, no se le deja vivir ni descansar y no se atreve a contárselo a sus padres”, añade Bermejo.

Los autores de estas infracciones suelen tener entre 14 y 17 años (contra los menores de 14 años no se puede proceder legalmente). Los fiscales actúan en los casos más graves, como el acoso escolar, y optan por la mediación para los leves. “En los casos de insultos no reinciden, al venir la Fiscalía se asustan”. Otras veces el destinatario no es un compañero, sino el propio profesor.

Las chicas amenazan más

Las amenazas y los insultos por redes sociales se producen más entre chicas “por temas de celos”, revelan los fiscales valencianos. “Suele tratarse de amigas de toda la vida que se fijan en el mismo chico y se enfrentan”. Los problemas típicos entre adolescentes adquieren difusión global en la era digital.

Desde ‘hackers’ a estafas bancarias

Los delitos cometidos por menores de edad a través de Internet no se limitan al acoso y los insultos. También se dan casos, aunque con menos frecuencia, de ataques hackers (contra páginas web), estafas por ventas de artículos ficticios o suplantación de identidad para fraudes bancarios. Incluso ha habido casos de tenencia de pornografía infantil, aunque “muy esporádicos”, remarcan los fiscales.