Las entidades públicas y privadas que defienden el trazado de la autovía Tarragona-San Sebastián (A-27) se han concentrado este mediodía en el Coll de Lilla (Tarragona), y han leído un manifiesto para reivindicar el reinicio inmediato de las obras del tramo Valls-Montblanc.

El alcalde de Valls, Albert Batet (CiU), ha elevado el tono crítico de la convocatoria, impulsada también por el Ayuntamiento de Montblanc y los consejos comarcales del Alt Camp y La Conca de Barberà, y ha acusado a la Administración de mentir bajo el diseño de "una operación de maquillaje".

La agrupación del PSC en el Alt Camp ha denunciado la utilización partidista del acto por parte de CiU. La diputada del Parlament Nuria Segú ha lamentado que "quien ha paralizado la A-27 durante más de 15 años haga ahora este juego sucio".

El tejido socio-económico de Tarragona, encabezado por las Cámaras de Comercio de Tarragona, Reus y Valls se ha sumado a la protesta, junto con las patronales CEPTA y PIMEC, las Federaciones del Autotransporte y de Hostelería, la Asociación Empresarial Química y la de empresarios del Port.

La subdelegada del Gobierno central en Tarragona, Teresa Pallarès, ha reiterado la voluntad del Ministerio de Fomento de licitar el próximo año las obras de este tramo de la autovía A-27, que incluye el túnel del Coll de Lilla, "es real y firme".

"El Estado se ha comprometido a invertir 50 millones de euros en 2011 para la ejecución de los trabajos, y también el estudio informativo del tramo Montblanc-Lleida saldrá adelante", ha manifestado Pallarès, que sigue abierta a encontrar fórmulas de consenso.

La plataforma por la A-27 considera que los compromisos del Ministerio de Fomento son insuficientes, y que la ausencia del dinero para el tramo Valls-Montblanc en los presupuestos de 2011 supondrá un nuevo retraso de esta infraestructura hasta 2020.

Desde su perspectiva, ha quedado sobradamente probado, tal como se demostró el pasado 17 de septiembre con la presencia en Tarragona de más de 30 representantes de todo el eje (País Vasco, Navarra, Aragón y Catalunya), que el retraso de la conexión con el Mediterráneo por Lleida y Tarragona "produce perjuicios económicos y sociales que van mucho más allá de nuestras comarcas".