La Fiscalía de Sevilla planteará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) que se ofrezca otro domicilio a la familia de la menor rumana de diez años que ha dado a luz en un hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) en caso de que persista el "acoso" mediático al que está siendo sometida, ya que, según considera, los medios de comunicación "están atacando a la intimidad personal y familiar" tanto de la menor como del recién nacido.

En una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este viernes, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha aseverado que los medios de comunicación "están poniendo en situación de riesgo" tanto a la madre como al bebé, ya que "se está obstaculizando de forma importante la labor de los Servicios Sociales", lo que está llevando a que la familia "esté asustada" y a que no pueda salir del domicilio "sin ser perseguidos por la prensa".

"Todo esto puede llevar a que la familia tome decisiones nada deseadas, como por ejemplo marcharse del domicilio, con lo que la labor de los Servicios Sociales iría al traste", según ha proseguido María José Segarra, quien, aunque ha mostrado su "pleno" respeto a la libertad de información, ha aseverado que "las condiciones en las que se tiene que trabajar son imposibles así, por lo que de persistir la situación de acoso se planteará un cambio de domicilio e incluso trasladar a la menor a un centro".

En este sentido, ha precisado que "la familia no ha manifestado ninguna voluntad de marcharse, pero sí ha hecho llegar a través de los Servicios Sociales que no puede salir a la calle y que incluso le han llegado a ofrecer dinero, regalos y otras cosas a cambio de dar entrevistas, lo que no es su deseo", añadiendo además que algunas de las entrevistas con los Servicios Sociales "no se han podido realizar porque no han querido salir de casa ante la presencia de los medios". "Nuestro interés es que la menor permanezca en Lebrija, por lo que por ahora no se valora hacer una intervención distinta de la que se está haciendo con la menor en su casa", ha apostillado, para a continuación asegurar que se trata de un caso normal en el que los abuelos se hacen cargo de sus nietos.

Escolarizada en un domicilio anterior

De este modo, Segarra ha anunciado que van a interponer una demanda civil contra un medio de comunicación "que desveló tanto la identidad de la menor como una fotografía del domicilio", y a partir de aquí estudiarán el resto de medios que han actuado igual para ampliar la demanda, para lo cual la Fiscalía está "coordinándose" con el Consejo Audiovisual de Andalucía, que estudiará el tratamiento que se le está dando al caso.

Respecto a las primeras comprobaciones realizadas a través de los Servicios Sociales, la fiscal jefe ha informado de que las mismas concluyen inicialmente que tanto la madre como el bebé "están bien de salud y correctamente atendidas desde el punto de vista sanitario", mientras que la familia además "está colaborando dando información sobre los lugares previos de su estancia en España y sobre la identidad de la madre, el padre y la abuela".

En esta línea, ha puesto de manifiesto que, según las primeras entrevistas realizadas, la menor tuvo otro domicilio en España en el cual estuvo escolarizada, agregando que "lo normal es que, cuando la situación lo permita y se recupere del parto, vuelva a estar escolarizada". "El objetivo prioritario es que tenga una vida lo más normal posible dentro de sus circunstancias", aunque ha opinado que, con 10 años, "no debería afrontar una carga familiar y debería tener una infancia".

Asimismo, y tras subrayar que, como madre, considera que una niña de 10 años "no está preparada ni médica ni psíquicamente" para tener un hijo, la fiscal jefe de Sevilla ha dicho a los periodistas que, según los primeros datos de los que disponen, el padre del recién nacido sería un menor de 14 años de edad, añadiendo que "no existe ningún indicio de que un adulto haya sido el progenitor".