El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo del caso Plan Territorial de Mallorca (PTM) ante la ausencia de pruebas para dirigir una acusación contra los imputados de la causa, pese a la existencia de numerosos indicios incriminatorios hallados en este procedimiento, en el que figuraban como encausados, entre otros, el ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens (ex UM) y el portavoz del PP en el Consell y ex conseller insular, Jaume Font.

Así consta en el auto emitido este miércoles por el magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que no se prevé recurso alguno ni por parte de la Fiscalía, que solicitó el sobreseimiento de las actuaciones, como tampoco por parte de las defensas de los distintos imputados. En concreto, as investigaciones se centraban en la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al PTM por la que podrían haberse generado 'pelotazos' por valor de unos 300 millones de euros.

El juez subraya así que las "arduas y complejas" diligencias practicadas, centradas en la utilización que se dio a las polémicas Áreas de Reconversión Territorial (ART) creadas con el PTM, "no se han visto recompensadas con resultado positivo alguno" ni en relación con los hechos investigados ni respecto a la autoría de los presuntos delitos -uso de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación-.

De hecho, el Ministerio Fiscal ya expresó, en el escrito por el que solicitó el archivo, que el resultado de las pesquisas "no constituye sino meras sospechas en base a las cuales no puede constituirse una acusación".

Cabe recordar que el procedimiento se incoó en diciembre de 2007 a raíz de la denuncia interpuesta por la acusación pública en torno al PTM, aprobado de forma inicial en diciembre de 2003 y definitivamente un año después, en la que apuntaba a presuntas irregularidades relacionadas con las ART y a una "connivencia entre políticos de Mallorca y algunos particulares de la construcción".

"enormes beneficios empresariales" con las art

Una actuación por la que, mediante la filtración de información privilegiada de los miembros del anterior equipo de gobierno del Consell, dirigido por UM con el apoyo del PP, a los constructores y supuestamente a cambio de dádivas, éstos habrían adquirido la propiedad de unos terrenos cuya calificación pasaba a ser urbana en el caso de que fuera rústica. Además, por estar incluidos en las ART les permitiría construir en estos solares "con enormes beneficios empresariales", tal y como señala el juez en su resolución.

Ello habría servido para beneficiar a importantes promotores de la isla mediante la recalificación de terrenos de su propiedad previamente acordados en las reuniones previas que habrían mantenido PP y UM. En su denuncia, el Ministerio Público involucraba -además de Font, defendido por el letrado José Zaforteza, y Vicens, asistido por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, y en la actualidad en prisión por otro caso de presunta corrupción-, al promotor y propietario del grupo inmobiliario Ibercon, Mateu Sastre, al hermano de éste, Cristòfol Sastre, y al dueño del Grupo Drac y ex presidente del RCD Mallorca, Vicenç Grande.

En concreto, en la denuncia la Fiscalía observaba indicios incriminatorios en la compraventa de solares en las ART- como son las de Marratxí, Campos, Sóller, Pollença y Alcúdia- que, con la aprobación del Plan Territorial, permitían acometer recalificaciones de determinados terrenos bajo el pretexto de preservar en otros enclaves de Mallorca parajes interesantes desde el punto de vista medioambiental o zonas degradadas que debían ser rehabilitadas.

La acusación pública valoraba, en base a un informe pericial, en más de 297 millones de euros las plusvalías que se generaron en estos terrenos, unos hechos por los que el Grupo Balear de Ornitología (GOB) interpuso una denuncia que fue posteriormente ampliada por la Fiscalía.