El conseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, ha afirmado que el Gobierno central ha enviado a 196 inmigrantes ilegales a la Comunitat en lo que va de año, 18 de ellos este puente de Todos los Santos.

Además, Blasco ha denunciado que el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, "imita" a su predecesor, Celestino Corbacho, "y sigue enviando ilegales a la Comunitat desde Cataluña en vez de desde Canarias, Ceuta y Melilla como es habitual". En concreto, en 2010 ya se han remitido 20 ilegales desde Barcelona, de los cuales 8 han llegado este fin de semana, ha apuntado.

Por este motivo, Rafael Blasco ha vuelto a exigir al Gobierno central "una financiación acorde con la realidad migratoria de la Comunitat Valenciana". "Zapatero y su Gobierno nos mandan inmigrantes ilegales que correspondería atender a Cataluña, que recibe el doble de ayudas a la inmigración que nuestra región (15,6 millones de euros frente a 7,6 millones), en lugar de la financiación que merecemos por cantidad y porcentaje de población inmigrante y por recursos de acogida", ha especificado el conseller.

Según los datos facilitados por el Consell, un total de 5.379 inmigrantes irregulares han llegado a la Comunitat Valenciana en los últimos cuatro años. 5.081 han sido remitidos por el Gobierno desde Canarias, Ceuta y Melilla para que la Generalitat se haga cargo de ellos, pero a éstos hay que sumar los 298 inmigrantes que han llegado en patera a las costas de Alicante desde 2007 y de los que también se hace cargo el Gobierno Autonómico. "COLADERO"

Blasco ha considerado que la Comunitat Valenciana "es un coladero para la inmigración irregular por culpa de la ineficacia del Gobierno de España, que sigue sin atajar este gravísimo problema".

Según Blasco, "la Generalitat siempre ha cumplido con la parte que le corresponde en el problema de la inmigración irregular, acogiendo a todos los inmigrantes que nos ha remitido el Gobierno".

En la actualidad, la Generalitat financia el 70 por ciento de las 672 plazas de acogida para inmigrantes irregulares que existen en la Comunitat, es decir, "una de cada siete". "Sin embargo, el Gobierno ha recortado el Fondo de Acogida e Inmigración en un 65 por ciento y ha aprobado otro recorte del 40 por ciento para 2011, lo que pone en serio peligro las labores humanitarias y la cobertura de las necesidades básicas a estas personas, que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad", ha incidido el responsable de Solidaridad y Ciudadanía.

Para Blasco, "la situación se hace cada vez más compleja y el Gobierno de Zapatero en lugar de adoptar medidas recorta cada vez más la financiación para la inmigración y delega toda la atención a los inmigrantes irregulares en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos".