El responsable de Minería del sindicato USO, Marcos Martínez, ha exigido este martes a la clase política coherencia en la defensa del carbón nacional, que es una cuestión de Estado, y ha alertado de posibles consecuencias si se va retrasando la aplicación del Real Decreto para hacerlo coincidir con la aprobación del Reglamento Europeo, como puedan ser nuevos impagos a los trabajadores. "Aquí hay gato encerrado", ha sugerido.

Martínez, en rueda de prensa en la sede gijonesa de USO, ha expresado su temor a que las eléctricas, que están ejerciendo una presión para que no entre en aplicación el Real Decreto, que obtuvo luz verde de la UE el pasado 29 de septiembre y que posteriormente fue refrendado por el Consejo de Ministros, intenten hacerlo coincidir con la aprobación del Reglamento -el actual expira el próximo mes de diciembre—, cuya propuesta inicial en verano era comprometer las ayudas al cierre de las minas deficitarias en 2014.

Mientras tanto, ha avisado que sigue sin vender la producción de carbón nacional desde el pasado mes de marzo, cerca de cinco millones de toneladas, y que si no se aplica el Real Decreto podría obligar a devolver las ayudas del carbón no vendido. Todo ello en conjunto redundaría, en su opinión, en posibles nuevos impagos.

Así lo ha avisado de cara a la decisión que deberá adoptar este miércoles la Audiencia Nacional sobre si dictamina o no medidas cautelares que retrasen aún más el Real Decreto. También ha apuntado a los dos meses de reflexión sugeridos desde el Tribunal Europeo.

Además, ha explicado que si se retrasa el Real Decreto y se aprueba el Reglamento Europeo, puede llevar a la necesidad de un nuevo Plan del Carbón, si es que el Reglamento discrepa mucho del contenido del actual Plan, que cubre el periodo 2006-2012. En este caso, USO exige que el nuevo Plan del Carbón se cumpla, al contrario de lo que pasa con el actual, y que el tema estrella sea el trabajador. "No se puede estar jugando con el interés general del país ni el particular de los trabajadores", ha dicho.

Según él, cuando se habla de energía es una cuestión de Estado, "no puede haber divisiones por problemas territoriales", ha indicado antes de culpar de la situación en parte a la "inapetencia" del Gobierno y, por otro lado, a la presión de las eléctricas por un tema económico. Asimismo, ha criticado que se utilice políticamente "de forma desastrosa". "España se acordará un día del carbón", ha augurado antes de cifrar en unos 9,5 millones de tonelaads de carbón la producción nacional anual.

Martínez ha lamentado, también, que parezca que la clase política no lo tenga claro y que esté "disgregada", lo que le hace dudar del peso que pueda tener España ante la UE para mantener las ayudas más allá de 2022, al menos. "Si como país no somos capaces de defender esto, sobran las palabras", ha apostillado.

El Reglamento Europeo, que permite ayudas para compensar la producción y precio de venta del carbón mientras que el Real Decreto obliga a las térmicas a usar el mineral nacional, puede llevar, de aprobarse la propuesta del pasado mes de julio, a que se vayan reduciendo un 33 por ciento las subvenciones cada 15 meses hasta 2014, lo que haría desaparecer a las minas menos competitivas. Según USO, en Asturias habrá tres o cuatro que puedan competir, el resto cerrará.

Por todo ello, ha insistido en activar el Real Decreto para quemar la producción del carbón nacional de manera "inmediata" y que las ayudas no estén condicionadas al cierre de las minas, sino más bien a un descenso de las mismas pero con medidas complementarias de seguir reconvertiendo el sector minero. Además, ha incido en que las ayudas no pueden ser para que especulen los empresarios y ha criticado que algunos de ellos tengan "carta blanca", con alusión especialmente a Victorino Alonso.