El sindicato CGT-A ha pedido al Comisario de la Memoria Histórica de Andalucía, Juan Gallo, una mayor implicación de las instituciones públicas y privadas en el Decreto de la Junta de Andalucía para indemnizar a las mujeres que fueron vejadas durante la Guerra Civil y el franquismo ampliando así el plazo para percibir la cuantía de 1.800 euros por "mujer que sufrió formas de represión sobre su honor, intimidad y propia imagen".

De esta forma, a través de un escrito remitido a Gallo al que ha tenido acceso Europa Press, CGT pide que los plazos de presentación de solicitudes, tres meses, "se amplíen, sobre todo si se tiene en cuenta la avanzada edad de las personas a las que se dirige estas medidas de reconocimiento y homenaje".

No obstante, el dicho manifiesto también se transmite a Gallo que "la divulgación de este tema no puede quedar, o recaer exclusivamente, sobre los medios de comunicación y las valoraciones éticas, ideológicas, políticas o de responsabilidad social".

De igual manera, el sindicato asegura que tampoco puede caer la responsabilidad sobre aquellas entidades, asociaciones y grupos "memorialistas" que se están identificando y manifestándose públicamente a favor de este asunto.

Asimismo, CGT incide en su escrito en que las instituciones "vuelven a pasar de puntillas sin comprometerse hasta que no ven asentado social, política y mediáticamente el tema concreto", algo que ya pasó, ha señalado el sindicato, con la construcción de monolitos en fosas comunes, así como con las ayudas a la investigación y a la realización de actos y jornadas.

Por último, en este manifiesto se hace referencia a que "es indispensable que las distintas instituciones públicas y privadas, tales como Ayuntamientos, Diputaciones, Delegaciones Provinciales de la Junta, Residencias de la Tercera Edad, sindicatos y organizaciones políticas, tengan, a la mayor brevedad posible, una mínima información especifica".

Según los datos facilitados a Europa Press por el departamento que dirige Luis Pizarro, la cifra de solicitudes recibidas en las dos primeras semanas del plazo abierto para reclamar la mencionada indemnización asciende a 16, que ahora deberán ser evaluadas por la comisión de estudio y valoración integrada por el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica —perteneciente a la Consejería de Gobernación y Justicia—, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.