El diputado de Izquierda Unida en el Congreso Gaspar Llamazares ha registrado en la Cámara una pregunta para conocer si el Ejecutivo estatal va a pedir a la Fiscalía que solicite a los jueces el archivo de las diligencias abiertas por las protestas realizadas a finales del pasado mes de septiembre contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio valenciano de Zarra.

Llamazares también inquiere al Gobierno, en un texto consultado por Europa Press, "qué autoridad gubernativa ordenó a la Guardia Civil que presentara una denuncia contra 17 vecinos del Valle de Ayora que participaron en la protesta contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado" y si considera esta actuación "como un intento de intimidar a los vecinos que protestan contra el ATC".

Asimismo, IU quiere saber si el Gobierno "comparte la opinión de su delegado en la Comunitat Valenciana", Ricardo Peralta, "en el sentido de que habrá una solución justa y razonable por parte de la Fiscalía y la judicatura".

Llamazares relata que a finales del pasado mes de septiembre se desarrollaron en el término municipal de Ayora (Valencia) distintos actos ciudadanos de protesta contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado en la localidad vecina de Zarra, en los que participaron "numerosos vecinos" del Valle de Ayora, encabezados por la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Zarra.

En uno de estos actos se cortó la carretera de acceso a la central nuclear de Cofrentes y la N-330 a su paso por Ayora. La Guardia Civil denunció por estas protestas a 17 vecinos, incluido el alcalde de Ayora, Manuel López, por presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, desórdenes públicos y contra la seguridad de tráfico, explica el parlamentario.

Los denunciados fueron citados a declarar el 28 de septiembre de 2010 en el juzgado de instrucción número 3 de Requena para un juicio rápido. Sin embargo, la Jueza, atendiendo a la petición de la defensa, "canceló el juicio rápido inicialmente previsto y decidió ampliar la investigación de los hechos". En consecuencia, los denunciados quedaron en libertad sin ninguna medida cautelar en su contra.

"respaldo popular"

Además, "como prueba del respaldo popular con que cuentan los denunciados, más de 500 vecinos de la comarca se concentraron ante el Ayuntamiento de Ayora para proclamar su solidaridad con los imputados", añade el parlamentario de IU.

El alcalde de Ayora y representantes de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear han afirmado que las concentraciones de protesta "se desarrollaron de forma prudente y pacífica, con total cordialidad con los agentes de la Guardia Civil, con quienes la plataforma declara que pactó la duración de las protestas".

La plataforma añade que los agentes "regularon el tráfico durante las protestas, por lo que no se impidió el paso a vehículo alguno, ni se puso en grave peligro la circulación", asevera Llamazares.

Por todo ello, IU considera que la actuación de la Guardia Civil en este caso "ha podido ser interpretada como un intento de criminalización de las protestas pacíficas ciudadanas en contra del cementerio nuclear en Zarra, con el fin de intimidar o acallar a toda una comarca, como si resultara sorprendente que la gente manifieste su desacuerdo con tener un almacén de residuos nucleares al lado de su casa".