La consejera de Hacienda y Administración, Carmen Martínez Aguayo, ha firmado este viernes junto al secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, y el vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT-A, Dionisio Valverde, el acuerdo alcanzado sobre el Decreto-Ley de reordenación del sector público de la Junta, mientras fuera de la sala, en la Consejería, miembros de otros sindicatos protagonizaban pitadas en señal de protesta al considerar que "estos sindicatos no los representaban".

Así, en declaraciones a los periodistas, Martínez Aguayo ha señalado que ha firmando el acuerdo "con las fuerzas sindicales mayoritarias de la función pública", ya que UGT-A y CCOO-A representan el 75 por ciento del sector en la mesa general de la función pública.

La consejera ha indicado que con este acuerdo se "aclaran" dudas interpretativas, que estaban generando "un profundo malestar" y que "tiene que ser aclarado al resto de sindicatos, que piensan que todavía se lesionan sus intereses cuando no es verdad".

"De ninguna manera este decreto va a hacer funcionario a ninguna persona que no pase por el sistema de selección reglado, asimismo toda la integración en el sector publico tanto de personal funcionario como del laboral será voluntario", ha asegurado.

Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha advertido de que "los intereses del sindicalismo de clase que representa UGT y CCOO están muy lejos de los conceptos corporativos de otros sindicatos" y además ha indicado que tienen "la convicción y el compromiso de defender los intereses de los trabajadores".

Asimismo, ha asegurado que con este acuerdo el Gobierno andaluz modifica "aquellas cuestiones que lesionaban los intereses de los trabajadores de la Junta de Andalucía y de la administración instrumental".

"Tenemos un interés importantísimo en defender el sector publico como instrumento de igualdad y lo público como servicio a los ciudadanos en la idea de que la mejora de derechos de trabajadores va acompañado con la mejora de los servicios públicos en Andalucía", ha subrayado.

Así, Carbonero ha detallado que el acuerdo "deja intacto" lo referente a derechos de funcionarios y del personal laboral de la Junta de Andalucía. "Los funcionarios que vayan a agencias mantendrán los mismos derechos y las mismas condiciones que los que queden en la Administración General y el personal laboral que voluntariamente quiera adscribirse a una agencia mantendrá los derechos que le da el convenio colectivo de la Junta de Andalucía", ha garantizado.

El secretario general de CCOO-A ha indicado además que firman el acuerdo porque "representan la mayoría del sector público andaluz, en la Administración General de la Junta como en las empresas que están en el entorno de la administración instrumental".

Además, ha apuntado que esto es fruto de la movilización, de "la presión con cabeza y con sensatez, pero sobre todo con propuestas para modificar con lo que no estábamos de acuerdo". "No sabemos cuales son las propuestas de otros ni las intenciones de otros", ha apostillado.

Por su parte, el vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT-A, Dionisio Valverde, ha señalado que firman el acuerdo "convencidos" de que "ayuda fundamentalmente" a la reordenación del sector público, algo "solicitado desde hace muchos años bajo tres principios, mejor gobernanza, eficiencia y eficacia".

En cuanto a la representatividad de CCOO y UGT en el sector público, Valverde ha detallado que "ningún otro sindicato, ni aunque se juntasen todos los corporativos, llegarían al 25 por ciento de representación".

Respecto al acuerdo, ha indicado que el acuerdo contiene medidas que se tienen que reflejan en la modificación del decreto-ley, pero otras cuestiones que son de "claridad del procedimiento". Además, determina una cuestión "muy importante": para acceder de personal de agencia a Administración General se accede "siempre" por los procedimientos de acceso libre de la función pública.

"Los temas de integración quedan claros y hemos salvado cualquier duda que pudiese existir sobre interpretación de los derechos de los trabajadores", ha señalado, a lo que ha añadido que "ahora le toca a la Administración dar un paso hacia adelante, llevar esto a una modificación del decreto ley y de alguna normativa de la Junta de desarrollo reglamentario que también tendrá que adaptar".