El sindicato CSIF-A ha criticado que con el preacuerdo para modificar el decreto ley de reordenación del sector público de la Junta, el Gobierno andaluz, UGT y CCOO "mercadean con las condiciones laborales y el futuro de los empleados públicos", de forma que Junta y sus "sindicatos amigos", a su juicio, "desoyen el clamor de los empleados públicos que abogan por la derogación del decreto ley".

En una nota remitida a Europa Press, CSIF-A ha negado "absolutamente" cualquier legitimidad a este preacuerdo alcanzado por haber sido adoptado "de espalda a los empleados públicos y por aquellas organizaciones sindicales menos representativas entre los funcionarios andaluces".

CSIF-A reitera que seguirá adelante con la batería de medidas judiciales adoptadas contra el decreto ley 5/2010, por vulneración de derechos fundamentales, algo que "no ha venido a ser resuelto por esta pretendida modificación del mismo".

Por tanto, el sindicato "a día de hoy sólo propugna la derogación integra del decreto ley, pues con el mismo se materializa la consolidación y blanqueo de la administración paralela de la Junta de Andalucía y sólo con una derogación del mismo pueden verse restablecidos los derechos y condiciones de trabajo de los empleados públicos".

Asimismo, CSIF-A ha solicitado oficialmente el texto del preacuerdo de la "traición", que, según aseguró, le ha sido denegado, aunque ha apuntado que "por filtraciones del mismo, hemos podido confirmar y estamos en condiciones de afirmar de que ninguno de los numerosos aspectos conflictivos y objeto de litigio ha sido corregido".

CSIF-A ha recordado que "está en juego una prestación de servicios a la ciudadanía en condiciones de objetividad e imparcialidad —sanciones, expropiaciones, subvenciones, tutela de menores— que recaerían en manos de trabajadores sujetos a una discrecionalidad política que respondería a intereses o presiones partidistas en la aplicación del derecho público".

Asimismo, el sindicato CSIF-A entiende que este decreto ley "propicia la privatización de lo público, es decir, los pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar" y considera que dicho decreto ley "es una operación de blanqueo del empleo clientelar de 35.000 trabajadores, familiares y allegados del partido que sustenta al Gobierno andaluz, con lo que se reducirán y anularán durante años las ofertas de empleo público, por lo que ciudadanos y opositores que quieran optar a un empleo público continuarán eternamente en el desempleo".

Lamentó que "se eliminarán las expectativas de los integrantes de las bolsas de trabajo, tanto interinos como laborales, los cuales accedieron a las mismas una vez superados los procesos selectivos bajo los principios de igualdad, merito, capacidad y publicidad".

CSIF-A niega que el objetivo del decreto ley 5/2010 sea la reducción del déficit publico, puesto que ni la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011, ni ésta pretendida modificación del decreto ley mediante el preacuerdo firmado por CCOO y UGT, minora un solo cargo de los directivos procedentes de las empresas públicas y fundaciones, sino más bien al contrario, la propia consejera de Hacienda y Administración Pública dice que serán todos recolocados en estas futuras agencias".

Para esta central, "queda claro que el único objetivo que se persigue por el Gobierno andaluz y los autodenominados 'sindicatos de clase', es perpetuar a sus adeptos procedentes de la Administración paralela".

Asimismo, recordó que el sindicato considera una de las cuestiones más preocupantes del decreto ley el "tremendo poder" que se otorga al Consejo de Gobierno, para modificar la tipología y funciones atribuidas a las agencias, algo que "no ha sido modificado".

Por último, CSIF-A trasladó a los empleados públicos su "firme compromiso de seguir defendiendo sus derechos e intereses" y consideró que "ha quedado claro a lo largo de los tiempos que

Ugt y ccoo han vendido la voluntad de éstos utilizándolos reiteradamente como moneda de cambio y a su conveniencia".