El consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, pidió que la Unión Europea "corrija" la Política Agrícola Común, para vigilar la reciprocidad en los mecanismos de exportación e importación de productos con terceros países, basada en una "seguridad económica, alimentaria y jurídica" que resulte mutua.

Cerdá concretó, en el pleno de la Asamblea Regional, el problema en el sector del tomate que "sufre una competencia desleal" con el nuevo tratado de la Unión Europea, y que "afectará a otros productos como los cítricos".

A su juicio, estos sectores deben ser protegidos bajo el manto de la primera de las "cuatro 'S'" de la Política Agraria Común, es decir "seguridad, sencillez, sostenibilidad y socialización".

El consejero exigió esa seguridad en el plano alimentario, pidiendo que "terceros países reúnan las mismas garantías fitosanitarias en el tratamiento de sus cultivos", en clara referencia al tomate, sin olvidarse del plano económico en la reciprocidad en la balanza de importación y exportación de productos agrícolas a terceros países.

Estas dos cuestiones tienen importancia en la sostenibilidad del sector, junto a la necesidad, que también defendió Cerdá de que se nivele la "asimetría" en los márgenes de los agrícultores respecto a los canales de distribución en cuanto al precio. Y todo ello, subrayó, "es importante respecto a la vertiente social".

"Si el agricultor recibiera un 25 o un 30 por ciento de lo que paga el consumidor, no haría falta más para que todo el mundo gane", indicó Cerdá.

Desde la oposición, el diputado del PSOE, Bartolomé Soler, pidió que se afronte retos como la garantía de la viabilidad económica "haciéndola compatible" con el mantenimiento del empleo y el respecto ambiental.

El portavoz de IU, José Antonio Pujante, hizo notar que la reforma de la Política Agraria Común "en ningún caso contempla una ampliación de fondos". "Y si el presupuesto no crece sino que retrocede, nos encontraremos con una reducción presupuestaria de consecuencias demoledoras", apuntó.