El Ayuntamiento de Logroño se personará ante los tribunales junto con los vecinos de Gran Vía 25, edificio destruido el pasado 22 de mayo por una explosión de gas en la que murieron cuatro miembros de una misma familia, para que las aseguradoras del inmueble paguen el 100% del coste del derribo del inmueble.

Según ha avanzado el portavoz del equipo de Gobierno, Vicente Urquía, en la habitual rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, se han llevado adelante reuniones con las aseguradoras, con los abogados de estas firmas y con los vecinos, con la intención de cerrar la liquidación del derribo del edificio.

Urquía ha cifrado este importe en unos 600.000 euros, algo que las firmas de seguros no quieren hacerse cargo, "sino que las aseguradoras sólo quieren pagar en torno a los 140.000 euros, lo que correspondería nada más al desescombro, ni siquiera al derribo".

Esto "pone en situación difícil al Ayuntamiento y, sobre todo, a las personas que se han quedado sin piso tras el suceso, y que deberían pagar un coste importante por la demolición".

Por ello, el portavoz ha indicado que se han mantenido contactos con los vecinos, con los que mañana mismo se van a tener otro encuentro "y se ha tenido permanentemente informados a los grupos municipales, porque la voluntad del equipo de Gobierno es ver cómo se pueden encontrar fórmulas para ayudar a estos ciudadanos".

"Lo que se va a intentar es que los seguros se hagan cargo del coste al 100%", ha afirmado Urquía, quien ha anunciado que, por ello, se personarán junto con los vecinos "contra las compañías aseguradoras para que paguen toda la cantidad que se debe por el derribo, que es lo que tienen que hacer".

A todo ello, ha sumado que se va a buscar una fórmula para que, mientras se resuelve el tema judicial, "se puedan aplazar los pagos, para que los vecinos no tengan que poner nada de dinero, o como mucho una pequeña parte".

Además, ha desvelado que se intentó que los Ministerios de Justicia o de Interior tomaran parte en el pago, "pero no había vías posibles para ello, y ni había tampoco precedentes". La compañía de la comunidad tenía el derribo asegurado por un millón de euros "no tiene sentido que se descuelguen".

"Es una situación excepcional, con ciudadanos que se han quedado sin casa, lo más importante es buscarle una solución, porque en la situación en la que se encuentran no se les puede pedir nada", ha finalizado.