El Fiscal Superior de Extremadura, Aurelio Blanco, ha mostrado la "preocupación" de su departamento por el hecho de que en la comunidad exista mayor número de fiscales que funcionarios, auxiliares y técnicos para desarrollar las labores propias del citado órgano.

Ha indicado que la Fiscalía de Extremadura se caracteriza por dicha circunstancia, que también es extensiva a los mismos órganos de otras regiones, y ha defendido que dicha ratio "debería ser al revés".

"El número de personas que auxilien a la función de los fiscales debería ser más alta que el número de fiscales propiamente dicho", ha señalado Blanco, quien ha indicado que existen en la comunidad unos 53 fiscales mientras que el número de funcionarios (de cuerpos de gestión, de auxilio y de tramitación procesal) no llega a los 50.

De este modo se ha pronunciado Blanco en un encuentro con los medios tras ser recibido por el presidente de la Asamblea con motivo de una comparecencia a petición propia en comisión parlamentaria para presentar la Memoria Anual de la Fiscalía.

Por otra parte, respecto al proyecto del Ministerio de Justicia de reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, ha dicho que "es una idea excelente" y "una propuesta muy avanzada y técnica", y ha propuesto que los órganos de la comunidad participen en la elaboración de esa normativa pese a que la comunidad no tiene transferidas las competencias en materia de Justicia.

"Por el hecho de que la comunidad autónoma de Extremadura no tenga competencias transferidas en materia de justicia no debe ser un impedimento para que los órganos de la comunidad participen en la elaboración de esa ley ahora que está en su embrión y está empezando a ponerse en marcha las bases de la justicia del futuro, de los próximos años", ha declarado.

Carga de trabajo

Blanco también ha realizado una valoración de la situación actual de la Fiscalía en Extremadura, que a su juicio "no alcanza los límites de necesidad de otras comunidades", ya que la región "está bastante bien en número de fiscales por habitante".

No obstante, ha reconocido que su departamento ha detectado que se ha producido un aumento en la carga de trabajo de los órganos judiciales y "directa o indirectamente" también en la actividad del Ministerio Fiscal, motivo por el cual ha reclamado "refuerzos". "Necesitamos refuerzos", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que en 2009 se han presentado más de 5.000 escritos de acusación o de calificación de los procedimientos judiciales, lo que representa alrededor de un "20 y tanto y un 30 por ciento más que el año pasado".

Asimismo, ha indicado que ha aumentado la actividad investigadora del Ministerio Fiscal hasta un 50 por ciento.

Para paliar dicho incremento de la carga de trabajo Blanco ha reclamado "refuerzos", y ha recordado que en su día él solicitó al Ministerio de Justicia la creación de tres plazas de fiscales, una en la Fiscalía Provincial de Cáceres, otras en la Fiscalía de área de Mérida, y una tercera en la Fiscalía de la sección territorial de Plasencia.

"No sé después de los recortes presupuestarios cómo va a resultar todo esto, espero que por lo menos una o dos de estas plazas nos sea concedida y se incremente la plantilla del Ministerio Fiscal en este caso", ha indicado. MEMORIA 2009

Como datos de la Memoria Anual de la Fiscalía, Blanco ha apuntado también que durante 2009 se ha producido un aumento de casi el 5 por ciento en el número de procedimientos judiciales abiertos como consecuencia de denuncia por hechos presuntamente delictivos o constitutivos de falta.

Sobre este respecto, ha explicado que los asuntos que van a juicio por delito ronda aproximadamente el 4 por ciento del total de las diligencias previas y urgentes abiertas, lo que "no es una cantidad muy significativa".

Asimismo, ha señalado que el número de asuntos que va a juicio y sigue un procedimiento por delito contra ellos también ha experimentado una subida en relación con la cifra del año pasado.

De igual modo, ha apuntado que en la comunidad se ha registrado "un aumento de la criminalidad", y que los delitos que se repiten son contra el patrimonio (robos, hurtos, etc), contra la seguridad del tráfico (conducción alcohólica o sin permiso de conducir), o por lesiones (como consecuencia de riñas o agresiones dentro del ámbito familiar, o por violencia de género, etc).