El Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha abierto juicio oral contra cinco de las diez personas imputadas por un delito contra la Hacienda Pública en el conocido caso Mina La Camocha. El Juzgado a dado traslado al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a las acusaciones particulares para que formulen escrito de acusación o de sobreseimiento de la causa, en un plazo de diez días, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Se sentarán en el banquillo Ángel García Brugos (administrador único de Hullas Coto Quirós); Víctor Manuel Zapico Zapico (apoderado de Mina La Camocha y ex consejero de Industria del Principado por el PSOE); Manuel Martín Martín (presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha); Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de trabajos y Explotaciones) y Margarita García Fernández (apoderada de Mina La Camocha).

Por su parte, el magistrado ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Manuel Guillermo Quirós Pintado (secretario y apoderado de Mina La Camocha de facto hasta enero de 1998); María Elisa Uría Gutiérrez (secretaria de Mina La Camocha); Jesús Llorente Fernández (empleado de Trabajos y Explotaciones); José Luis Areces Sánchez (apoderado de facto de Mina la Camocha hasta agosto de 1996) y Juan José Cachero Alonso (administrador solidario de Trabajos y Explotaciones hasta mayo de 1998).

La detención se produjo en diciembre de 2007 por un posible fraude a la Hacienda pública en el cobro de subvenciones públicas al "intentar" pasar carbón de importación por mineral autóctono de producción subterránea.

Los hechos se remontan a los años 1998, 1999 y 2000. Una investigación de la Guardia Civil, impulsada por la fiscalía anticorrupción, concluyó que en ese período la mina gijonesa, a través de empresas interpuestas, había importado a terceros países por los puertos de El Musel y Avilés o adquirido de otras explotaciones al menos 90.000 toneladas de mineral.

Ese carbón lo mezcló con el extraído del pozo gijonés para entregarlo a la térmica de Aboño como si se tratara de producción propia. Las subvenciones que recibió la mina en ese período ascendieron a 14.624.808.000 pesetas, cerca de 88 millones de euros.

El juzgado de instrucción número 4 de Gijón y la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, investigan desde 1998 un supuesto fraude de La Camocha o sus accionistas y directivos, y varias empresas vinculadas, a la Hacienda Pública, que consistiría en importar carbón internacional, más barato que el autóctono, y hacerlo pasar, junto con hulla nacional explotada a cielo abierto, por mineral de producción propia y de extracción subterránea, que goza de importantes subvenciones públicas para compensar su alto coste de producción.

Entre las novedades que se produjeron desde que la Audiencia revocó en 2004 el primer intento de archivo del caso Camocha, el recurso de la fiscalía hace especial mención a las conclusiones del informe emitido el 25 de abril de 2006 por dos peritos judiciales sobre las interrelaciones financieras de las empresas implicadas.

Los informes sostienen que los traspasos de fondos entre estas empresas se facturaban en concepto de diversos servicios, supuestamente no prestados, siendo al parecer su destino real la adquisición del carbón foráneo posteriormente entregado a la térmica de Aboño. Los peritos deducen de la correlación de pagos entre las tres empresas, que Trabajos y Explotaciones actúa como una mera intermediaria, adquiriendo el carbón a Hullas del Coto Quirós y entregándolo a Mina La Camocha.