Las Federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT en Andalucía han anunciado este martes la convocatoria de tres movilizaciones en los días 3, 10 y 24 del próximo mes de noviembre contra los recortes salariales y sociales "ocultos" en materia educativa que tanto el Gobierno de la Nación como el de la Junta de Andalucía prevén en sus presupuestos de 2011.

Según han explicado en rueda de prensa los secretarios generales de ambas organizaciones sindicales, José Blanco y Juan Carlos Hidalgo, respectivamente, con estas nuevas acciones pretenden reiterarse en las reivindicaciones que ya trasladaron a ambas administraciones el pasado 29 de septiembre y hacer visible su "malestar" ante los recortes que, "de forma oculta", se están produciendo en la enseñanza.

Estos recortes, en palabras de Blanco, se traducen principalmente en que la Consejería de Educación "no está cumpliendo los acuerdos que se firmaron para el desarrollo de la Ley de Educación de Andalucía (LEA) al ritmo acordado" por falta de presupuesto. Por ello, exigen al Gobierno andaluz que "incentive las políticas educativas" y aumente la inversión en esta materia para contar, entre otras cosas, con "más profesores para los refuerzos educativos y desdobles", algo que influye "directamente en la mejora de la calidad de la enseñanza".

Sobre todo, insisten, porque los centros educativos de Andalucía se enfrentan diario a "problemas" relacionados con la falta de recursos. Por ejemplo, ha señalado Blanco, con el nuevo modelo de sustituciones docentes o con el nuevo decreto que se está elaborando sobre la escolarización. "Compartimos la tesis de una escolarización equilibrada, pero para eso, hacen falta más recursos humanos para que se atienda al alumnado con necesidades educativas especiales, sobre todo, si los queremos integrar en los centros de enseñanza concertada", reconoce el responsable de FE-CCOO en Andalucía.

Por todo ello, y para pedir "un cambio de rumbo en las políticas del gobierno de la Nación" para que se modifique la reforma laboral y para que "se eliminen de los presupuestos generales del Estado aquellos elementos que son restrictivos y que pueden suponer que se pierdan profesores en el sistema educativo andaluz", ambas organizaciones sindicales han convocado, en principio, tres días de protestas en Andalucía durante el próximo mes de noviembre.

La primera jornada de movilizaciones tendrá lugar el próximo 3 de noviembre frente a las sedes de Muface de las ocho provincias andaluzas. Según ha explicado Blanco, esta reivindicación responde a la "previsión de que el Gobierno central pueda retirar también las mutualidades para los trabajadores docentes", extremo éste que aún no ha sido confirmado oficialmente a ninguno de los dos sindicatos convocantes.

El 10 de noviembre, por su parte, la concentración se realizará frente a las delegaciones de Hacienda de las capitales de provincia y, finalmente, el 24 del mismo mes, frente a la sede del Gobierno andaluza, en el Palacio de San Telmo. Para CCOO y UGT, "sobran motivos" para manifestarse, por lo que han advertido que se trata de un calendario de protestas "abierto" y susceptible de ser modificado "en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos".

"Si hay un cambio en las políticas del Gobierno a favor de restituir los derechos sociales, salariales y laborales de los trabajadores de la enseñanza, nosotros no tenemos ningún problema en retirar las movilizaciones, pero alertamos de que, si alguna de las cosas que hemos puesto de manifiesto se aplican, las movilizaciones seguramente serán de mayor intensidad", ha advertido Blanco.

Ante todo, añade, porque "el Gobierno no puede dejar tirado ni a los trabajadores ni a la educación, por eso es necesario un cambio y una mayor inversión en esta materia". En este sentido, el secretario general de FETE-UGT, Juan Carlos Hidalgo, ha dicho que contar con unos buenos presupuestos en materia educativa para 2011 es "posible".

"Cuando nosotros planteamos que se restituyan los derechos que se han quitado a los profesores y profesoras, estamos pidiendo que se sienten a negociar porque se pueden firmar acuerdos que, de una forma temporal, permitan recuperar dichos derechos; es decir, que no somos ni unos inconscientes ni nos miramos sólo nuestro ombligo, sino que hay vemos que hay otras alternativas para que los acuerdos que se han dejado de cumplir, se puedan negociar o renegociar y llevar a cabo en otro plazo de tiempo", ha indicado Hidalgo al respecto.

2011,

último año de jubilaciones loe

Por otro lado, CCOO y UGT se han opuesto "contundentemente" a que se aumente la edad legal de la jubilación, por lo que han solicitado que "se mantenga el actual sistema de jubilaciones anticipadas, especialmente, en la enseñanza". Según ambos sindicatos, las jubilaciones voluntarias por anticipado son un "elemento vital" que han demostrado que sirven para "mejorar la calidad del sistema educativo porque influye directamente en la renovación de las plantillas docentes".

Sin embargo, han advertido, el año 2011 es el último oficial de este sistema, también conocido como 'jubilaciones LOE' y que ha permitido, en estos años anteriores, una tasa de reposición de profesorado de un 15 por ciento. Para este curso 2010-2011, no obstante, el Gobierno central ha reducido esta tasa a un 10 por ciento, lo cual, en opinión de los sindicatos, va a suponer que "en Andalucía no se produzca la renovación de la totalidad de profesores que se vayan a jubilar este año o que hayan fallecido durante 2010".

Esto podría afectar, según los cálculos de CCOO y UGT, a unas 3.000 personas "que se van a jubilar y que no van a poder ser sustituidas en su totalidad si no se modifican los presupuestos generales del Estado". Además, ha recalcado Blanco, "esto supondría que las plazas que se podrían crear en Andalucía para mejorar la calidad del sistema sean absorbidas para estos fines", algo que ha considerado "muy perjudicial" para la enseñanza.

En términos generales, y según los datos del informe del Consejo Escolar del Estado que apuntan a que un 25 por ciento de los docentes andaluces tienes más de 55 años, Blanco advirtió de que "no mantener el sistema actual de jubilaciones anticipadas y voluntarias afectaría en torno a 25.000 trabajadores en los próximos diez o doce años".