La representación jurídica de la ex responsable del área económico-financiera de Mercasevilla Pilar Giraldo, imputada por las presuntas irregularidades cometidas en el merca, ha presentado un escrito en el que solicita la recusación de la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, pues su marido fue el auditor de la sociedad mixta hasta que la empresa decidió prescindir de sus servicios en verano de 2002, "lo que podría determinar que, aún sin su intención, pudiera haber perdido la imparcialidad en su actuar", llegando a tener "un interés directo o indirecto" en la causa.

En el escrito elevado al juzgado instructor, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado parte del hecho de que, como auditor de la sociedad investigada, el marido de la juez "ha de tener un profundísimo conocimiento de la actividad que cada uno de los imputados en la presente causa desarrollaba en Mercasevilla, de los procedimientos de trabajo, del modo en el que se llevaba la contabilidad y de los criterios económicos, jurídicos y contables con los que se confeccionaban las cuentas anuales".

"Mi mandante, legítimamente, puede sospechar que la juez pueda realizar consultas a su marido y recabar información sobre multitud de aspectos extraprocesales que, a la postre, pudieren distorsionar su visión de la causa y, finalmente, perder la debida imparcialidad que debe regir su actuar", prosigue el letrado, quien añade que "la simple sospecha de que el marido de la instructora pueda ofrecer a la misma una versión alternativa sobre la actividad de mi mandante y resto de imputados y que le pueda trasladar conocimientos y datos que, sin estar en la causa, puedan llegar a conformar una determinada opinión, ha de concluir indefectiblemente en la estimación de la causa de recusación".

Al hilo de ello, y tal y como avanza en su edición de este martes el rotativo 'El País', el letrado insiste en que Pilar Giraldo "conoció personalmente" al marido de la juez instructora, "se reunió con él, trabajó con él, compartió conocimiento con él y, en virtud de esto, le ofreció una determinada imagen de su personalidad". "Giraldo puede sospechar que la juzgadora, en la intimidad familiar e incluso en sesiones de trabajo conjuntas, pueda solicitar información a su marido y pueda llegar a adquirir multitud de datos e información extraprocesales que perjudiquen" a la imputada.

Conocedor del fondo de la investigación

Así, estima que "las ideas preconcebidas, el posicionamiento previo y los prejuicios, por tanto, conforman un escenario probable en el ánimo de la juzgadora que la aleja de la debida imparcialidad y neutralidad con que debe desarrollar su labor jurisdiccional". "Las sospechas de mi mandante se convierten en legítimas, fundadas y probables, y la instructora debe comprenderlas desde un punto de vista estrictamente procesal", apostilla, para seguidamente insistir en que el marido de la juez, "auditor de Mercasevilla hasta el primer semestre de 2002, por razones evidentes ha de ser conocedor del fondo de la investigación, pues su cese coincide en el mismo espacio temporal que el inicio del periodo investigado".

De este modo, y "más allá de comentar cómo del tenor literal de las diligencias solicitadas en el auto de apertura es razonable pensar que, tras su redacción, pudiere haber existido presunto asesoramiento de su marido", el abogado pone especial énfasis en el hecho de que la instructora, "al dictar el auto de apertura y solicitud de diligencias, podía haber sencillamente comunicado a las partes la relación que guardaba su marido con Mercasevilla, y no lo hizo, prefiriendo ocultarlo".

Por todo ello, la representación jurídica de Pilar Giraldo solicita que se requiera al marido de la juez Alaya para que informe durante qué periodo fue el autor de los trabajos de campo de auditoría en Mercasevilla, y si durante estos trabajos se reunía y despachaba "con asiduidad y frecuencia" con Giraldo y resto del personal de contabilidad y administración de la empresa, y subsidiariamente la declaración del marido, aunque todo ello "será innecesario" si la instructora "facilita tales extremos en la resolución judicial que incoe la recusación, previa toma de información a su marido".