La Comisión Europea investiga si la ley catalana de cine vulnera la legislación comunitaria en materia de libre prestación de servicios y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según ha revelado este lunes el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en respuesta a una interpelación parlamentaria planteada por los eurodiputados del PP Santiago Fisas y Pablo Arias.

La norma obliga a que la mitad de las copias analógicas de una película que se estrene doblada o subtitulada y todas las digitales estén en catalán o incluyan esta opción lingüística. Las películas europeas que salgan a la luz con un máximo de 16 copias están exentas de cumplir esta premisa lingüística. Su aprobación el pasado 30 de junio fue criticada por las 'majors', que han amenazado con reducir el número de films que distribuyen en Catalunya.

En su interpelación parlamentaria, Fisas y Arias denunciaron que la ley catalana de cine "restringe de manera discriminatoria el acceso al mercado de las películas producidas, en una lengua distinta de la española, en los otros Estados miembros de la UE y en muchos otros Miembros de la OMC, y ello aunque dichas películas estén dobladas al español".

A juicio de los dos eurodiputados populares, esta ley "vulnera manifiestamente" las obligaciones impuestas por el Tratado relativas a la libre prestación de servicios, la no discriminación entre Estados miembros, y el derecho de establecimiento. La norma crea además "un riesgo grave de litigio entre la UE y sus socios de la OMC" porque no respeta los compromisos asumidos por los Veintisiete en el marco de este organismo internacional.

En su respuesta, Barnier ha explicado que, tras recibir una denuncia, el Ejecutivo comunitario ya pidió la pasada primavera a las autoridades españolas "que recabaran información sobre la compatibilidad de ese proyecto con la libertad de prestación de servicios que garantiza como principio el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

"La Comisión, además, discutió con dichas autoridades ciertos aspectos del proyecto desde la perspectiva de la OMC", ha señalado el responsable de Mercado Interior.

El Ejecutivo comunitario "recibió la información solicitada justo después de que se adoptara formalmente la citada ley". Además, durante el verano "se recibieron también varias quejas nuevas".

"La Comisión se encuentra examinando en estos momentos la información facilitada por las autoridades españolas y, atendiendo a los resultados de ese examen, estudiará los pasos que, en su caso, hayan de darse", concluye Barnier en su respuesta a los eurodiputados.