La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga supuestas irregularidades en Mercasevilla, ha avanzando que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y ex vicepresidente del Consejo de Administración del merca, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), "tendrá que explicar, en el momento de la investigación que se considere oportuno, las razones de su marcado interés sobre la fórmula del concurso público y su intervención en el mismo", un concurso público a través del cual se hizo con los terrenos del merca la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos'.

En un auto fechado a 18 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora rechaza el recurso de reforma interpuesto por la representación del ex director general de la sociedad mixta Fernando Mellet, en el que solicitaba el archivo de la causa respecto a su persona y, entre otros aspectos, la imputación de Torrijos, no obstante lo cual la juez dice que, "para tranquilidad" de Mellet, tanto éste último como los restantes integrantes de la Comisión Ejecutiva serán citados a declarar para aclarar su participación en el concurso.

En este sentido, la juez instructora no precisa en este auto judicial la condición en la que llamará a declarar tanto a Torrijos como a los restantes miembros de la Comisión Ejecutiva, pues ha precisado que "los indicios que en aquel momento se tengan desde que comenzara la presente instrucción determinarán la condición procesal en la que deben ser llamados".

Así, y aunque rechaza el recurso, la juez dice que "resulta evidente de la trayectoria de la instrucción de la causa que debe continuarse con nuevas declaraciones", todo ello "partiendo de la premisa de que lo que aquí se investiga es quiénes participaron en la preparación de un concurso público con la dirigida finalidad de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma".

Por ello, añade que "además de los representantes de ésta última entidad, los inculpados que hasta ahora han sido llamados en la presente causa son las personas que indiciariamente se estima que contribuyeron a la elaboración del pliego de condiciones; a los técnicos que, tras la apertura de las plicas, elaboraron un informe sobre la valoración de las ofertas, y a los integrantes de la Mesa de Contratación que supuestamente, tras analizar y aceptar dicho informe, elevaron la propuesta de adjudicación a favor de la entidad Sanma a la Comisión Ejecutiva".

Al hilo de ello, la juez Alaya aclara que "el hecho delictivo no es fomentar o impulsar la fórmula del concurso público frente a las subastas, por más que pudiéramos pensar que es una fórmula inidónea para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre los terrenos", añadiendo que "pudiera ser bueno el punto de partida, pero es necesario que existan indicios que permitan llegar a la indiciaria conclusión de que esa fórmula se impulsara y se eligiera con la intención de que la adjudicación la obtuviera una entidad determinada".

De este modo, apela a Mellet "para que no tenga la menor duda de que sobre ello se está investigando", por lo que "reitera" al imputado el ofrecimiento para que aporte a la causa "los datos que posea sobre ello en relación a Torrijos o de cualquiera de los que intervinieron en la aprobación del concurso, y ello si verdaderamente se considera un 'mandado'", tal y como indica en su recurso. "Quién o quiénes le ordenaron y qué le ordenaron sobre el concurso sería, no sólo relevante para la investigación, sino para su defensa", ha apostillado.