El Plan Proteja generará casi un millar empleos en la provincia con una inversión de 13,8 millones

La mayoría de los proyectos corresponden a obras en infraestructuras municipales
Imagen de la Comisión Provincial de Participación del Proteja
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Imagen de la Comisión Provincial de Participación del Proteja

El Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) en 2010 permitirá ejecutar un total de 162 proyectos en los 79 municipios onubenses, que implicarán la generación de 934 empleos, con una inversión por parte de la Administración autonómica de 13,8 millones de euros. Del total de puestos de trabajo, 769 serán de nueva creación y 165 de mantenimiento.

La Junta de Andalucía ha dado a conocer este viernes estos datos a los agentes económicos y sociales durante la reunión de la Comisión Provincial de Participación del Proteja 2010, que ha presidido el delegado de la Junta en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, y a la que han asistido representantes de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y de los sindicatos UGT y CCOO, así como los delegados de Empleo y Hacienda y Administración Pública, Eduardo Muñoz y Juan Masa, respectivamente.

La totalidad de los proyectos remitidos por los ayuntamientos onubenses ha sido validada ya por la Delegación del Gobierno, por lo que los consistorios están comenzando a tramitarlos. Estas actuaciones supondrán un montante de 10,8 millones de euros, lo que implica la totalidad de los fondos asignados por Proteja 2010 a los consistorios. A esta cifra se añaden tres millones de euros que gestiona dentro del programa la Diputación, lo que da la cifra global de 13,8 millones.

Sobre la tipología de las 162 iniciativas presentadas, la mayor parte (158) corresponden a obras en infraestructuras municipales esenciales, edificios e instalaciones públicos destinados a la prestación de servicios básicos, actuaciones de mejora de la accesibilidad y protección del medio ambiente, y de conservación del patrimonio histórico, entre otras. Los cuatro proyectos restantes son actuaciones de servicios, es decir, vinculadas a programas sanitarios, educativos, deportivos, culturales o sociales de interés municipal.

Además, 41 proyectos (el 25,31 por ciento) están dirigidos a la reparación de daños producidos por el temporal del pasado invierno.

El delegado del Gobierno se ha mostrado muy satisfecho con estas cifras y ha resaltado la implicación de los ayuntamientos onubenses "en las políticas activas de empleo de la Junta con su participación en Proteja 2010, un programa que además está permitiendo reactivar las economías locales y mejorar el nivel de las infraestructuras y los servicios de los municipios".

A este respecto, Manuel Alfonso Jiménez ha recordado que una vez que se les notifique la resolución de validación, los ayuntamientos tienen un mes para iniciar los proyectos. En cualquier caso, las actuaciones deben estar iniciadas antes del próximo 11 de noviembre. A partir de aquí, el plazo máximo de ejecución de las obras será de doce meses, prorrogables por otros tres cuando se acredite una mayor complejidad.

Apuesta por los ayuntamientos

Durante la Comisión Provincial de Participación, la Administración autonómica ha recordado que el Proteja 2010 se puso en marcha tras el éxito de la edición del programa en 2009, que destinó 19,5 millones de euros y permitió la ejecución de 155 proyectos en la provincia de Huelva con la generación de unos 1.500 puestos de trabajo.

De esta forma, las ediciones de 2009 y 2010 del programa han supuesto para la provincia una inversión global de 33,3 millones de euros, que permitirán la generación de unos 2.500 empleos. En el caso del Proteja 2010, el 60 por ciento del presupuesto de ejecución va destinado a contrataciones, especialmente a puestos de nueva creación.

El 20 por ciento de los 10,8 millones de euros que corresponden a los ayuntamientos ha sido repartido siguiendo criterios de población, mientras que el 80 por ciento restante se ha vinculado a la media de paro entre mayo de 2009 y abril de 2010, garantizándose siempre un mínimo de 12.000 euros por ayuntamiento.

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