El presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Rafael Toledano, ha abogado durante su discurso de apertura del año judicial en la Comunidad Autónoma por orientar los necesarios cambios organizativos y de medios materiales en la administración de justicia para mejorar la "eficiencia" y "calidad" de este servicio público.

En el patio de la Real Chancillería de Granada, sede del Alto Tribunal Andaluz, Toledano, que por primera vez pronuncia un discurso como presidente después de la jubilación de Augusto Méndez de Lugo, considera que el "mandato constitucional" de la tutela judicial efectiva ya marca que la justicia tiene que ser de calidad. "Efectiva porque habrá de ser próxima en el tiempo, es decir, rápida; efectiva, también, en la acepción de seguridad jurídica y certidumbre de la respuesta judicial", ha dicho.

El máximo representante de la justicia andaluza ha hecho mención, como ya hiciera Méndez de Lugo en otras ocasiones, al modelo de la Nueva Oficina Judicial que, en su opinión "es un paso en la dirección del cambio necesario, pero no es ni puede ser un paso aislado".

"Tengo por seguro que esta reforma sólo dará los frutos esperados si va seguida de manera inmediata, más aún, simultánea, de cambios en el modelo de demarcación y planta judicial y en la forma de organización de los tribunales", ha manifestado Toledano, que ocupa la Presidencia del TSJA de manera interina hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe al sustituto de Méndez de Lugo entre los magistrados Joaquín Bernaldo de Quirós, Lorenzo del Río, y el Francisco Javier Arroyo Fiestas, que también han asistido en Granada al acto de apertura del año judicial.

A entender del también presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal Andaluz con sede en Granada, el retraso en la puesta en marcha de esa Oficina Judicial, la "más importante" de las reformas a acometer en la justicia, "no obedece sólo a una eventual falta de medios personales y materiales adicionales", ya que la cuestión "es de más calado", y expresa precisamente la "enorme dificultad" de implantar este nuevo modelo sin actuar en la planta y la demarcación de los juzgados y tribunales y su modelo organizativo.

Asimismo, ha reclamado un mayor protagonismo de los jueces en este nuevo modelo: "La Oficina Judicial es un medio instrumental para el ejercicio de la jurisdicción y nada de lo que ocurre en el proceso ni en donde se tramite puede mantenerse extraño ni ajeno al juez, como titular único de la potestad jurisdiccional". Ahora bien, según ha puntualizado, "queda claro que la responsabilidad del juez no puede se alcanzar allí donde no se le otorguen suficientes competencias y medios de control y dirección".

Lo público en tiempos de crisis

Toledano ha hecho además defensa del concepto de lo público en tiempos de crisis, y ha apuntado la necesidad de "una mayor presencia de las instituciones públicas en la gobernanza corporativa". "Sólo aquellos países que cuentan con poderes sólidos y fiables (...) están en disposición de afrontar situaciones de una enorme complejidad como las vividas recientemente", ha señalado.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, también se ha referido durante su intervención a la actual coyuntura económica considerando ahora es "cuando resulta más necesaria que nunca la tutela de los derechos esenciales" y "no puede verse truncado el esfuerzo institucional que ha tenido lugar en los últimos años para dotar de medios dignos y suficientes a la Administración de Justicia".

"Estas conocidas dificultades materiales que venimos sufriendo sólo deberían servir para buscar fórmulas más eficaces y consensuadas de gestión que permitan acabar, de una vez por todas, con la endémica carencia de una Administración arrinconada frente al grueso caudal de sus problemas y expuesta al juicio crítico de unos ciudadanos que sólo reclaman la normalidad de sus derechos", ha mantenido García Calderón, para quien "ya es hora de terminar con esta rancia sensación de incómoda cortedad que nos disocia de la sociedad y que no aguanta comparación alguna con cualesquiera otras Administraciones del Estado".

El fiscal ha insistido, como en otras ocasiones anteriores, en la necesidad de dotar a la jurisdicción penal en España de un "tamaño razonable", "sin tener miedo a implantar" aquellas fórmulas de mediación que puedan articularse dentro del proceso; en que es preciso un nuevo Código Procesal Penal que otorgue la instrucción al Ministerio Público; y en el "deber ético y moral" de luchar contra la corrupción de la vida pública y el fraude, porque "a todos nos afecta".