La edición 2010 del Programa de Transición al Empleo de la Junta (Proteja) permitirá ejecutar 449 proyectos en los 105 municipios sevillanos, la mayor parte correspondientes a obras y con la consecuente formalización de 2.826 contrataciones, según las estimaciones realizadas por los consistorios gracias a esta inversión de 40,8 millones de euros. Del total de contratos realizados en la provincia, un 84 por ciento, 2.375, son de nueva creación, según informa la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía ha constituido este viernes la Comisión Provincial de Participación del Proteja, cuyas futuras convocatorias tendrán una periodicidad mensual. Presidida por la delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Carmen Tovar, a la comisión han asistido los secretarios generales de CC. OO.-Sevilla Y UGT-Sevilla, Alfonso Vidán y Juan Antonio Gilabert, respectivamente; la secretaria provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Dolores Sendra; la delegada provincial de la consejería de Hacienda y Administración Pública en Sevilla, Estrella Montaño, y un representante de la delegación provincial de la consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

La delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ya ha validado los 449 proyectos remitidos por los ayuntamientos, de forma que los consistorios están ya comenzando a tramitarlos. La delegada del Gobierno se ha mostrado satisfecha por la implicación que mayoritariamente han mostrado los consistorios sevillanos en esta política activa de empleo, que contribuye a cumplir con el objetivo central del Gobierno andaluz en este momento, la generación de empleo, además de reactivar las economías locales. Asimismo, ha destacado la utilidad de las obras, que contribuyen a mejorar el nivel de las infraestructuras locales, la adecuación de vías urbanas y permite habilitar más y mejores servicios.

Diputación recoge el resto

Los ayuntamientos sevillanos han solicitado la práctica totalidad de los fondos que se les había asignado, sólo han quedado por cumplimentar proyectos por 5.147 euros. Esta cantidad ha pasado automáticamente a la Diputación Provincial de Sevilla, que se encargará de gestionarla. De esta forma se garantizan las inversiones, evitando la pérdida de fondos para generar empleo. Así, la institución provincial gestionará 5.614 euros procedentes de la línea de colaboración con los ayuntamientos, a los que hay que unir los 3 millones de euros que ejecutan directamente.

Este programa especial ha permitido a los municipios plantear iniciativas en las áreas sanitaria, educativa, cultural y de servicios sociales. Por áreas de actividad, 406 iniciativas municipales presentadas corresponden a obras y 43 a servicios.

En cuanto a las obras que se van a acometer con este Proteja tienen una marcada utilidad social, ya que permiten mejorar la calidad de servicios e infraestructuras como por ejemplo 21 instalaciones deportivas o 81 edificios educativos (guarderías, escuelas infantiles, colegios, institutos, y centros de FP, entre otros).

Centros sociales y culturales

También se acometerán 14 centros sociales (de mayores, de día, cívicos, etc), 16 edificios relacionados con actividades culturales, siete cementerios, cinco espacios de asistencia sanitaria o mejoras en 20 edificios municipales, entre otros. Las mejoras en las vías urbanas, tanto de canalizaciones como de alumbrado y acerado público y accesibilidad, superan las 280 actuaciones. El objetivo primordial de este programa es generar empleo, por lo que es obligatorio que el 60 por ciento del presupuesto de ejecución de la misma se destine a financiar contrataciones, con la salvedad de las relacionadas con daños provocados por el temporal.

Además, del presupuesto total destinado a empleo, el 70 por ciento debe ser para puestos de nueva creación. Este porcentaje se ha superado en catorce puntos en la provincia de Sevilla, alcanzando el 84 por ciento. La delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla se ha mostrado convencida de que los municipios ejecutarán con agilidad las actuaciones de este programa, que a su juicio es una muestra de la colaboración entre las instituciones de todo signo político para crear empleo.

Así, tras la validación, los ayuntamientos tienen un mes para iniciar el proceso de licitación de las obras o servicios, de forma que puedan estar en marcha antes de que finalice el presente año. En el caso de que se trate de un contrato menor, la adjudicación deberá producirse también en un mes, al igual que si la obra o el servicio lo ejecuta directamente el consistorio. En todos los casos, el plazo máximo de ejecución de las actuaciones será de 12 meses, prorrogables por otros tres en aquellos casos en los que se acredite una mayor complejidad de las actuaciones.

Los 40,8 millones de euros de esta política activa de empleo se reparten entre los ayuntamientos atendiendo a criterios de población, un 20%, y sobre todo de forma directamente proporcional a la media del paro registrado entre los meses de mayo de 2009 a abril de 2010 (un 80% del dinero). En cualquier caso, se garantiza un mínimo de 12.000 euros para cada consistorio.